Por una cultura libre
Lawrence Lessing

 

DAÑOS

Corromper a los ciudadanos

El exceso de regulación ahoga la creatividad, asfixia la innovación, otorga a los dinosaurios un derecho de veto sobre el futuro, desperdiciando la extraordinaria oportunidad para una creatividad democrática que la tecnología digital hace posible. Además de estos daños importantes, se da un daño más que nuestros predecesores consideraban importante, pero que hoy parece haber caído en el olvido: el exceso de regulación corrompe a los ciudadanos y debilita el imperio de la ley.

La guerra que hoy se dirime es una guerra de prohibición y, como tal, su objetivo es el comportamiento de un gran número de ciudadanos. Según The New York Times, 43 millones de estadounidenses descargaron música en mayo de 2002; según la RIAA, el comportamiento de estos 43 millones de estadounidenses es un delito. Por lo tanto, debemos tener una serie de reglas que convierta al 20% de los estadounidenses en criminales.

En la medida en que la RIAA lanza demandas no sólo contra los Napsters y Kazaas del mundo, sino contra estudiantes que construyen buscadores, y cada vez más contra usuarios corrientes que se descargan contenidos, las tecnologías de intercambio progresarán para proteger y ocultar mejor los usos ilegales. Es una carrera armamentística o una guerra civil, en la que los extremos de un bando invitan a una respuesta más extrema por parte del otro. La táctica de la industria de contenidos explota los defectos del sistema legal estadounidense. Cuando la RIAA presentó una demanda contra Jesse Jordan sabía que en él había encontrado un chivo expiatorio, no un acusado. La amenaza de tener que pagar todo el dinero del mundo en daños y perjuicios (quince millones de dólares) o casi todo el dinero del mundo para defenderse de tener que pagar por daños y perjuicios (250.000 dólares en abogados) hizo que Jordan escogiera pagar todo el dinero que tenía en el mundo (doce mil dólares) para conseguir que la demanda se esfumara. La misma estrategia anima las demandas de la RIAA contra los usuarios individuales. En septiembre de 2003 la RIAA demandó a 261 individuos —incluyendo a una niña de doce años que vivía en una vivienda de propiedad pública y un hombre de setenta años que no tenía ni idea de lo que era el intercambio de ficheros. 16 Tal y como estos chivos expiatorios descubrieron, cuesta más, siempre, defenderse de una demanda que llegar simplemente a un acuerdo. Las guerras de prohibición no son nada nuevo en Estados Unidos; esta es sólo más extrema que cualquiera de las que hayamos visto antes. Experimentamos con la prohibición del alcohol, en un tiempo en el que el consumo por persona y año era de unos seis litros; la guerra contra la bebida redujo inicialmente ese consumo a sólo un 30 % de sus niveles originales, pero hacia finales de la prohibición el consumo había subido a un 70 % del nivel original. Los estadounidenses estaban bebiendo casi como siempre, pero con esa legislación un número inmenso de ellos eran criminales. Hemos lanzado una guerra contra las drogas con la intención de reducir el consumo de narcóticos controlados que consumen hoy un 7 % (o dieciséis millones) de estadounidenses; significa una caída respecto del máximo de 1979 del 14% de la población. Regulamos los automóviles hasta el punto de que la inmensa mayoría de la población viola las leyes diariamente. Tenemos un sistema de impuestos tan complejo que la mayoría de los negocios que manejan metálico hacen trampa con regularidad. Nos enorgullecemos de nuestra «sociedad libre», pero una serie interminable de comportamientos cotidianos están regulados y, resueltamente, una enorme proporción de estadounidenses violan con regularidad al menos una ley. Generaciones de estadounidenses no pueden vivir su vida a la vez de forma normal y legal, puesto que la «normalidad» implica un cierto grado de ilegalidad. La respuesta a esta ilegalidad generalizada es, o hacer cumplir las leyes con más severidad, o cambiar las leyes. Que una ley tenga sentido depende, en parte al menos, de la relación costes (tanto previstos como colaterales)/ beneficios. Si los costes del sistema actual son mucho mayores que los costes de una alternativa, entonces tenemos buenas razones para considerar una alternativa. Mi propósito no es estúpido: dado que la gente viola las leyes, deberíamos revocarlas, y coincide con lo que las democracias han comprendido durante generaciones, pero que recientemente hemos comenzado a olvidar: el imperio de la ley depende de que la gente obedezca la ley. Cuanto más a menudo y de forma más repetida los ciudadanos tenemos la experiencia de violar una ley, menos la respetamos. Obviamente, en la mayoría de los casos la cuestión importante son las leyes, no el respeto a las leyes. Y sí me importa que las reglas de la ley siembren una falta de respeto creciente debido a la regulación extrema que imponen. Veinte millones de personas, sólo en Estados Unidos, han llegado a la mayoría de edad desde que Internet introdujo esta idea diferente del hecho «compartir». Tenemos que ser capaces de llamar a estos veinte millones de estadounidenses «ciudadanos», no «delincuentes». Entonces, la primer pregunta no debería ser cómo involucrar al FBI sino si esta prohibición en particular es erdaderamente necesaria para lograr los justos fines a los que sirve la ley del copyright. ¿Hay otra forma de asegurar que los artistas cobren sin convertir en criminales a 43 millones de estadounidenses? De momento la idea es relativamente poco polémica: si un sistema diferente lograra los mismos objetivos legítimos que logró el sistema de copyright existente, pero hiciera a los consumidores y creadores mucho más libres, entonces tendríamos una muy buena razón para perseguir esa alternativa—esto es, la libertad. La decisión, en otras palabras, no sería entre propiedad y piratería; la decisión sería entre diferentes sistemas de propiedad y las libertades que cada uno permitiría. La característica destacada de esta alternativa es que conduciría a un mercado muy diferente con el fin de producir y distribuir creatividad. Aquellos pocos con poder, quienes controlan hoy en día la inmensa mayoría de la distribución de contenidos en el mundo, ya no ejercerían esta forma extrema de control.

Criminalizar a los ciudadanos

Hay un aspecto más de esta corrupción que es particularmente importante para el conjunto de las libertades civiles y que es resultado directo de cualquier guerra de prohibición. Tal y como describe el abogado de la Electronic Frontier Foundation, se trata de los «daños colaterales» que «surgen siempre que conviertes en criminales a un porcentaje muy alto de la población».La consecuencia de esta transformación del público en criminales es que convierte en algo trivial, al igual que una parte más del proceso, eliminar de un modo efectivo gran parte de la privacidad que la mayoría daría por sentada. Los usuarios de Internet empezaron a considerar esto de una forma general en 2000, cuando la RIAA lanzó su campaña para forzar a los proveedores de Internet a entregar los nombres de los clientes que se, presumía, estaban violando la ley de copyright. Con una simple petición al juez, y sin ningún aviso al cliente en absoluto, la identidad de un usuario queda revelada. De esta magnitud es el espionaje desarrollado por la RIAA. Un informe de la CNN a finales del verano pasado describía la estrategia que la RIAA había adoptado parra rastrear usuarios de Napster: usando un sofisticado algoritmo, la RIAA tomó lo que de hecho era una huella digital de cada canción en el catálogo de Napster. Cualquier copia de uno de esos MP3s tendría la misma «huella». Imagina el siguiente y verosímil escenario: un amigo le da un CD a tu hija, que copia esas canciones en su ordenador. Luego se lleva su ordenador a la universidad y se conecta a la red de la misma. Si esta red está «cooperando» con el espionaje de la RIA, y si ella no ha protegido apropiadamente su contenido de la red (¿sabrías hacerlo tú?), entonces la RIAA será capaz de identificar a tu hija como «criminal». Pueden tratar (de hecho, lo hacen) este «material ilegal» como una presunción de culpabilidad. Y como ya han aprendido un cierto número de estudiantes universitarios, nuestra presunción de inocencia se desvanece en medio de las guerras de prohibición. Esta guerra no es diferente.

Cuando se considera que entre cuarenta y sesenta millones de ciudadanos son «criminales» según las leyes, y cuando las leyes podrían alcanzar el mismo objetivo —asegurar los derechos de los autores— sin que esos millones sean considerados «criminales», ¿quién es «el malo»? ¿Los estadounidenses o la ley? ¿Qué es más estadounidense, una guerra constante contra la propia población o un esfuerzo concertado de toda nuestra democracia para cambiar nuestras leyes?

 

Por una cultura libre (Parte I)
Por una cultura libre (Parte II)
Por una cultura libre (Parte III)
Por una cultura libre (Parte IV)

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