Por una cultura libre
Lawrence Lessing

 

Por una cultura libre (Parte I)
Por una cultura libre (Parte II)


El copyright es un tipo de propiedad: se puede poseer, vender, y las leyes protegen contra su robo. Habitualmente, el dueño de copyright obtiene el precio que desea por él, los mercados calculan la oferta y la demanda que parcialmente determina el precio que puede conseguir. Pero en el lenguaje normal, llamar al copyright «propiedad» induce un poco de confusión, ya que la propiedad del copyright es un tipo de propiedad especial. De hecho, la idea misma de propiedad sobre una idea o cualquier expresión es muy extraña. Entiendo lo que estoy tomando cuando cojo una mesa de picnic y la pongo en el patio. Estoy tomando una cosa, la mesa, y después de tomarla tú ya no la tienes. Pero ¿qué estoy tomando cuando, por ejemplo, tomo la buena idea que tu tuviste al poner la mesa en tu patio?

El asunto no radica en la materialidad de las mesas de picnic en comparación con las ideas, aunque ésa sea una diferencia importante. El asunto es, por el contrario, que en el caso habitual —de hecho, en prácticamente cualquier caso excepto en una reducida gama de excepciones— las ideas que se hacen públicas son libres. No te quito nada cuando copio tu forma de vestir —aunque podría parecer raro que lo hiciera cada día, y especialmente raro si eres una mujer. Por el contrario, como dijo Thomas Jefferson (algo que es especialmente cierto cuando copio la forma en la que viste otra persona), «quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía; igual que quien enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo me quede a oscuras». Las excepciones al uso libre son ideas y expresiones dentro del alcance de las leyes de patentes y de copyright, y otros dominios que no discutiré aquí. Lo que dice la ley en este ámbito es que no puedes coger mi idea o expresión sin mi permiso: las leyes convierten lo intangible en una propiedad.

Pero cuánto, hasta qué punto, y de qué manera: allí reside la importancia. Para comprender bien como emerge esta práctica que convierte lo intangible en propiedad, es necesario emplazar la «propiedad» en el contexto adecuado. [1] Ofrezco, entonces, cuatro historias que ayudan a poner en contexto la idea de que «los materiales con copyright son propiedad». ¿De dónde viene esta idea? ¿Cuáles son sus limites? ¿Cómo funciona en la práctica? Después de estas historias, el significado de esta afirmación estará un poco más claro, y sus implicaciones se revelarán muy diferentes.


FUNDADORES

Wlliam Shakespeare escribió Romeo y Julieta en el año 1595 y la obra se publicó, por primera vez, dos años más tarde. Era la undécima obra importante que Shakespeare escribía, labor que continuaría hasta 1613, y todas sus creaciones, desde entonces, han definido la cultura anglo-americana. Las obras de un escritor del siglo XVI se han filtrado tan profundamente en nuestra cultura que a menudo ni siquiera reconocemos su fuente.

En 1774, casi 180 años después de que se escribiera Romeo y Julieta, muchos pensaban que el «copy-right» de la obra era todavía de derecho exclusivo de un único editor londinense, Jacob Tonson [2]. Tonson era la figura más prominente dentro de un pequeño grupo de editores llamados el Conger que controló el negocio del libro en Inglaterra durante el siglo XVIII. El Conger reclamaba un derecho a perpetuidad a controlar la «copia» de los libros que habían adquirido de los autores, lo que significaba que nadie más podría publicar copias de un libro del cual ellos tuvieran el copyright. Por lo tanto, los precios de los clásicos se mantenían altos y se eliminaba la competencia para producir ediciones mejores o más baratas.

El año más conocido en la historia del copyright es 1710, momento en que el parlamento británico adoptó la primera ley del «copyright». Conocida como el Estatuto de Ana, la ley declaraba que todas las obras publicadas recibirían un plazo de copyright de catorce años, renovable por una ocasión si el autor estaba vivo, y que todas las obras publicadas antes de 1710 recibirían un único plazo de veintiún años adicionales. Bajo esta ley, Romeo y Julieta debería haber sido libre en 1731. Así que ¿por qué en 1774 aún había discusión sobre si estaba o no todavía bajo el control de Tonson? La razón es que los ingleses no se habían puesto de acuerdo todavía sobre lo que era el «copyright» —en realidad, nadie lo había hecho. La última ley que regulaba a los editores, la Ley de Licencias de 1662, que daba a los editores el monopolio sobre la publicación como una forma de facilitarle a la Corona el control sobre lo que se publicaba, había expirado en 1695 y posteriormente no hubo ninguna ley positiva que dijera que los editores que tenían el derecho exclusivo a imprimir libros.

No había ninguna ley positiva, pero eso no quería decir que no hubiera ley. La tradición legal anglo-americana considera tanto la palabra de los legisladores («derecho positivo»), como la palabra de los jueces («derecho jurisprudencial o jurisprudencia») [3] para disertar las reglas que han de gobernar cómo se comporta la gente. La jurisprudencia produce el fondo sobre el cual los legisladores legislan; los legisladores, habitualmente, sólo pueden imponerse a ese fondo si aprueban una ley que lo desplace, y la cuestión real después de que los estatutos de licencias hubieran expirado era si la jurisprudencia existente protegía el copyright, independientemente de cualquier derecho positivo.

Esta cuestión era importante para los editores, o «libreros», como se los llamaba, debido a que existía una competencia creciente por parte de editores extranjeros. Los escoceses en particular estaban publicando y exportando cada vez más libros a Inglaterra. Esa competencia reducía los beneficios del Conger, que reaccionó exigiendo que el Parlamento aprobara una ley para devolverle los derechos exclusivos de publicación. Esa exigencia resultó finalmente en el Estatuto de Ana.

El Estatuto de Ana concedía al autor o «propietario» de un libro un derecho exclusivo a imprimir ese libro, por un plazo limitado. Al final de este plazo el copyright «expiraba», y la obra pasaba a ser libre y cualquiera podía publicarla. Ahora bien, lo que hay que aclarar es esto: ¿por qué habría el Parlamento de limitar un derecho exclusivo? No por qué habrían de limitarlo al plazo concreto que se impuso, sino ¿por qué habría de limitar el derecho en primer lugar? La respuesta tiene dos partes y puede ser hallada al intentar una lectura contextualizada en aquel momento social y político, para lo cual es necesario primeramente considerar la noción de «copyright» que existía en la época del Estatuto de Ana y ciertas relaciones de poder implicadas.

En los últimos trescientos años hemos llegado a aplicar el concepto de copyright cada vez de una forma más amplia, pero en el año 1710 no era tanto un concepto como un derecho muy particular. El copyright nació como una serie muy específica de restricciones: prohibía que otras personas reimprimieran un libro. En 1710, el «copy-right» era un derecho para usar una máquina específica para duplicar una obra específica. No iba más allá de ese derecho tan limitado. No controlaba de ninguna forma más extensa cómo podía usarse una obra. Hoy en día el derecho incluye una larga lista de restricciones a la libertad de los demás: concede al autor los derechos exclusivos de copiar, de distribuir, de interpretar, etc. Así que, por ejemplo, incluso si el copyright de las obras de Shakespeare fuese a perpetuidad, todo lo que eso habría significado bajo el significado original del término sería que nadie podría reimprimir la obra de Shakespeare sin el permiso de sus herederos, no habría controlado nada relacionado con, por ejemplo, su representación, traducción, o si se permitiría que Kenneth Brannagh hiciera sus películas. El «copy-right» era solamente un derecho exclusivo para imprimir —nada menos, por supuesto, pero tampoco nada más.

Los británicos vieron con escepticismo incluso ese derecho limitado. Habían tenido una larga y desagradable experiencia con los «derechos exclusivos», especialmente con los concedidos por la Corona. Los ingleses habían luchado en una guerra civil en parte debido a la práctica de la Corona de repartir monopolios para obras que ya existían: el rey Enrique VIII concedió una patente para imprimir la Biblia y un monopolio a Darcy para imprimir barajas de cartas, de modo que el Parlamento inglés comenzó a luchar contra este poder de la Corona y, en 1656, aprobó el Estatuto de Monopolios, limitando los monopolios a las patente para nuevos inventos. Asi, hacia el año 1710 el Parlamento estaba deseoso de tratar la cuestión del creciente monopolio de los editores.

De este modo, cuando se consideraba el «copy-right» como un derecho al monopolio, se consideraba de forma natural como un derecho que debía limitarse -así, el planteo «es mi propiedad, y debería tenerla para siempre» encierra la idea «es mi monopolio, y debería tenerlo para siempre». El Estado protegería un derecho exclusivo, pero solamente mientras beneficiara a la sociedad. Los británicos veían los daños resultantes de los favores a los grupos de interés y aprobaron una ley para detenerlos.

Simultaneamente, no se trataba sólo que el copyright fuera un monopolio. También resultaba que era un monopolio en manos de los libreros, quienes en la Inglaterra del siglo XVII eran vistos cada vez más como monopolistas de la peor especie —instrumentos de la represión de la Corona, vendiendo la libertad de Inglaterra para garantizarse los beneficios. Muchos creían que el poder que los libreros ejercían sobre el control de la transmisión del saber estaba dañando la difusión del conocimiento, poniendo trabas, justo en el momento en que la Ilustración estaba enseñando la importancia de la educación y el conocimiento: la idea de que el conocimiento fuera libre era uno de los lemas característicos de la época, y estos poderosos intereses comerciales estaban interfiriendo con esa idea revolucionaria.

Para equilibrar ese poder el Parlamento limitó el plazo de los copyrights garantizando que los libros valiosos estuvieran abiertos a cualquier editor para que los publicara después de un tiempo limitado. Determinar que el plazo para las obras ya existentes fuera de sólo veintiún años fue un compromiso para luchar contra el poder de los monopolios de editores y, la limitación en los plazos fue, por tanto, una forma indirecta de asegurar la competencia entre libreros y de este modo la producción y difusión de cultura.

En el año 1731 (1710 + 21), sin embargo, los libreros veían las consecuencias de una mayor competencia. En un principio simplemente ignoraron el Estatuto de Ana y siguieron insistiendo en los derechos a perpetuidad para controlar la publicación, pero en 1735 y 1737 intentaron persuadir infructuosamente al Parlamento para que extendiera sus plazos: No veo razón para conceder ahora un nuevo plazo, lo cual no impedirá que se conceda una y otra vez, con tanta frecuencia como expire el antiguo; así que si esta ley se aprueba, establecerá de hecho un monopolio a perpetuidad, cosa que con razón es odiosa a los ojos de la ley; será una gran traba al comercio, un gran obstáculo al conocimiento, no supondrá ningún beneficio para los autores, pero sí una gran carga para el público; y todo esto sólo para incrementar las ganancias privadas de los libreros. [4]

Habiendo fracasado en el Parlamento, los editores recurrieron a los tribunales en una serie de casos. Su argumento era simple y directo: el Estatuto de Ana les daba a los autores ciertas protecciones por medio del derecho positivo, pero esas protecciones no tenían intención de reemplazar la jurisprudencia existente. Por el contrario, la intención era simplemente que la reemplazaran. Bajo la jurisprudencia existente ya estaba mal tomar la «propiedad» creativa de otra persona y usarla sin su permiso. El Estatuto de Ana, argumentaban los libreros, no cambiaba eso. Por lo tanto, sólo porque las protecciones del Estatuto de Ana expirasen, eso no significaba que las protecciones otorgadas por la jurisprudencia expirasen: bajo el derecho jurisprudencial tenían el derecho a prohibir la publicación de un libro, incluso si su copyright según el Estatuto de Ana había expirado. Ésa, argumentaban, era la única forma de proteger a los autores.

Era un argumento ingenioso y recibió el apoyo de algunos de los principales juristas de la época. También desplegaba un descaro extraordinario. Hasta entonces, como explica el profesor Raymond Patterson, «los editores [...] se habían preocupado tanto por los autores como un ranchero por su ganado». Al librero no le importaban absolutamente nada los derechos de los autores. Lo que les preocupaba era el beneficio monopolístico que le daba la obra del autor.

El argumento de los libreros no fue aceptado sin lucha. El héroe en esta lucha fue un librero escocés llamado Alexander Donaldson, ajeno al Conger londinense. Donaldson empezó su carrera en Edimburgo en 1750, su negocio se centraba en reimpresiones baratas de «obras canónicas a las que les hubiese expirado el plazo de copyright», al menos bajo el Estatuto de Ana. Su editorial prosperó y se convirtió «en una especie de centro de reunión para los literatos escoceses». «Entre ellos», escribe el profesor Mark Rose, «estaba el joven James Boswell, quien, junto a su amigo Andrew Erskine, publicó un antología de poemas contemporáneos con Donaldson». Cuando los libreros londinenses intentaron cerrar el negocio de Donaldson en Escocia, éste replicó trasladándolo a Londres, donde vendió ediciones baratas «de los libros ingleses más populares, en desafío a la presunta jurisprudencia sobre la Propiedad Literaria», entre un 30 y un 50 % más económicos que los de Conger y afirmando, de este modo, su derecho a competir sobre la base de que bajo el Estatuto de Ana las obras que vendía ya no tenían protección.

Los libreros de Londres establecieron rápidamente un pleito para acabar con una «piratería» como la de Donaldson. Algunas de las acciones contra los «piratas» tuvieron éxito, siendo la más importante de estas primeras victorias el caso de Millar contra Taylor.

Millar era un librero que, en 1729, había comprado los derechos para el poema «The Seasons» de James Thomson y, ateniéndose a los requisitos del Estatuto de Ana, recibió la protección completa que otorgaba durante 21 años. Cuando hubo finalizado el plazo del copyright, Robert Taylor empezó a imprimirlo en un volumen, y Millar lo demandó reclamando un derecho jurisprudencial a perpetuidad a pesar del Estatuto de Ana.12

De un modo sorprendente para los abogados modernos, uno de los más grandes jueces de la historia de Inglaterra, Lord Mansfield, dio la razón a los libreros. Cualquier protección que el Estatuto de Ana ofreciera a los libreros, sostenía Mansfield, no extinguía ningún derecho concedido por la jurisprudencia. La cuestión era saber si el derecho jurisprudencial protegería al autor contra los «piratas» del porvenir. La respuesta de Mansfield era que«sí»: la jurisprudencia prohibiría que Taylor reimprimiera el poema deThomson sin el permiso de Millar. Así, esa regla del derecho jurisprudencial otorgaba efectivamente a los libreros un derecho a perpetuidad para controlar la publicación de cualquier libro asignado a ellos.

Considerada como una cuestión de justicia abstracta —razonando como si la justicia fuera una cuestión de deducción lógica a partir de axiomas— la conclusión de Mansfield puede que tenga algún sentido. Pero lo que ignoraba era la cuestión mayor con la que había peleado el Parlamento en 1710: ¿cuál era la mejor forma de limitar el poder monopolístico de los libreros? La estrategia del Parlamento consistía en ofrecer un plazo para las obras existentes que era lo suficientemente largo como para comprar la paz en 1710, pero lo suficientemente corto como para asegurar que la cultura pasaría al campo de la libre competencia en un periodo razonable de tiempo. En veintiún años, creía el Parlamento, Gran Bretaña maduraría de la cultura controlada que codiciaba la Corona a la cultura libre que nosotros heredamos.

Millar murió poco después de su victoria, de manera que en su caso no hubo apelación. Sus herederos vendieron los poemas de Thomson a una asociación de impresores que incluía a Thomas Beckett; Donaldson publicó una edición no autorizada de las obras de Thomson. Beckett, basándose en la decisión en el caso Millar, consiguió un mandato judicial contra Donaldson, quien apeló a la Cámara de los Lores. En febrero de 1774, ese cuerpo legal tuvo la oportunidad de interpretar el significado de los límites impuestos por el Parlamento sesenta años antes: con una mayoría de dos a uno (22 a 11) votaron en contra de la idea de los copyrights a perpetuidad. Sin que importara cómo se entendiera la jurisprudencia existente, el copyright estaba ahora fijado por un tiempo limitado, después del cual la obra protegida por el copyright pasaba al dominio público.

Antes del caso Donaldson contra Beckett, no había en Inglaterra una idea clara de qué era el dominio público. Antes de 1774 había un argumento muy convincente a favor de que los copyrights concedidos por el derecho jurisprudencial fueran a perpetuidad. El dominio público nació después de 1774. Por primera vez en la historia anglo-americana el control legal sobre obras creativas expiraba y las obras más importantes de la historia inglesa —incluyendo las de Shakespeare, Bacon, Milton, Johnson y Bunyan— quedaban libres de restricciones legales.

En nuestra época cuesta imaginar la dimensión de tal argumento, pero esta decisión de la Cámara de los Lores dio pie a una reacción extraordinariamente popular y política. En Escocia, donde realizaban su trabajo la mayoría de los «editores piratas», la gente celebró la decisión en las calles. Tal y como informó el Edinburgh Advertiser: «Ninguna causa privada ha atrapado de tal manera la atención del público y nunca la Cámara de los Lores había juzgado una causa en cuya decisión tantos individuos estuvieran interesados». «Gran regocijo en Edimburgo por la victoria sobre la propiedad literaria: hogueras y alumbrados». En Londres, por el contrario, al menos entre los editores, la reacción tuvo la misma fuerza pero en la dirección opuesta. El Morning Chronicle informó: "Por la decisión descrita [...] materiales por valor de casi 200.000 libras que compramos honradamente en una venta pública, y que ayer pensábamos que eran propiedad nuestra se ven ahora reducidos a nada. Los Libreros de Londres y Westminster, muchos de los cuales vendieron fincas y casas para comprar Copyright, quedan de esta manera arruinados, y aquellos que tras muchos años de esfuerzo creyeron que habían adquirido la competencia necesaria para mantener a sus familias ahora se hallan sin un chelín con el que proveer a sus herederos"

«Arruinados» es una exageración, aunque no decir que el cambio fue profundo. La decisión de la Cámara de los Lores significó que los libreros ya no controlarían nunca más cómo crecería y se desarrollaría la cultura en Inglaterra que, de este modo, sería «libre»: no en el sentido de que los copyrights no se respetaran porque, por supuesto, durante un tiempo limitado después de la aparición de una obra el librero tenía un derecho exclusivo para controlar la publicación de esa obra, y tampoco en el sentido de que se podían robar los libros, porque incluso después de que el copyright expirara, su derecho de explotación debería pertenecer a alguien. Libre en el sentido de que la cultura y su desarrollo ya no estarían controlados por un pequeño grupo de editores: este libre mercado de cultura libre crecería de la manera que escogieran consumidores y productores. La cultura inglesa se desarrollaría tal y como los muchos lectores ingleses decidieran dejar que se desarrollara —en los libros que compraran y escribieran; en las ideas que repitieran y apoyaran— en un contexto competitivo, no un contexto en el que las decisiones sobre qué cultura está a disposición de la gente y cómo ésta consigue acceso a ella, a pesar de los deseos de la mayoría.

 

 

NOTAS
[1] Tal y como los realistas legales enseñaron al derecho estadounidense, todos los derechos de propiedad son intangibles. Un derecho de propiedad es simplemente un derecho que un individuo tiene frente al mundo para hacer o no ciertas cosas que pueden ir unidas o no a un objeto físico. El derecho en sí es intangible, incluso si el objeto al cual está (metafóricamente) unido es tangible. Véase «What Is Property? Putting the Pieces Back Together», Arizona Law Review 45 (2003): 373, 429 n, p. 241..
[2] A Jacob Tonson se le recuerda típicamente por su asociación con prominentes figuras literarias del siglo XVIII, especialmente John Dryden, y por sus hermosas «ediciones definitivas» de obras clásicas. Además de Romeo y Julieta, publicó una sorprendente colección de obras que todavía permanecen en el corazón del canon inglés, incluyendo las obras completas de Shakespeare, Ben Jonson, John Milton y John Dryden. Véase Keith Walker, «Jacob Tonson, Bookseller», American Scholar 61:3 (1992), pp. 424-31. 3. Como elegantemente argumenta Siva Vaidhyanathan, es erróneo llamar a esto «ley de copy-right». Véase Vaidhyanathan, Copyrights and Copywrongs.
[3] «Common law» en el original. El término puede traducirse como derecho consuetudinario en la medida en que se refiera a las leyes basadas en los usos sociales de una comunidad, y como derecho jurisprudencial o jurisprudencia en la medida en que aluda al corpus de doctrina legal elaborado a partir las decisiones de jueces y tribunales a lo largo del tiempo [N. del T.]
[4] Philip Wittenberg, The Protection and Marketing of Literary Property, Nueva York, J. Messner, Inc., 1937, p. 31.

 




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