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Recalco aquí la renuncia que declaré
en la versión anterior de este ensayo(2) : puedo
hablar de algunas tradiciones de estudios culturales,
pero sería imposible para mí, e inclusive
para un equipo completo de investigadores, cubrir exhaustivamente
el terreno implicado por las “tradiciones comparativas
de los estudios culturales en América Latina y los
Estados Unidos.” Tomando como punto de partida el
legado del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos
de Birmingham en los Estados Unidos y en muchos proyectos
de investigación político-culturales latinoamericanos,
cabe señalar el lugar destacado del marco analítico
de lo popular y sus relaciones con la industria cultural
y de masas. Por supuesto, lo popular puede construirse y
analizarse desde muchas perspectivas, pero lo que las tradiciones
en ambas regiones tienen en común, al menos como
yo generalmente las he caracterizado, es el cambio en la
definición de cultura. Tanto en Estados Unidos como
en América Latina se ha dejado atrás la versión
elitista y se ha optado por una comprensión más
cotidiana y antropológica de la cultura, lo que Raymond
Williams llamó un “modo integral de vida”
o whole way of life. En este respecto, las metodologías
no difieren mayormente. A finales de los sesentas y en los
setentas hubo un giro hacia el posestructuralismo y en especial
hacia un enfoque althusseriano para erigir el lugar de lo
popular. Las categoría analítica de clase
social se vio crecientemente desplazada por una preferencia
por la noción de vida cotidiana, de manera que el
foco del análisis se trasladó de los modos
cómo las fuerzas económicas y sociales determinan
la conciencia de los grupos dominados hacia las maneras
cómo, aun bajo las circunstancias más colonizadas,
estos grupos retan y resisten a aquellas fuerzas. Este giro,
a su vez, se ve operacionalizado en los 1980s, por una parte,
en los movimientos de derechos humanos en las posdictaduras
sureñas y las insurgencias centroamericanas, y, por
otra parte, en la política de representación
de los grupos de identidad (afroamericanos, chicanos, homosexuales,
mujeres) en Estados Unidos. Si bien se distinguen estos
diversos movimientos, los aspectos culturales juegan un
papel importante, tanto en sus reivindicaciones como en
los estudios que se hacen de y con ellos.
La tradición ensayística en América
Latina
Si los Cultural Studies se encuentran
bien institucionalizados en Estados Unidos, en América
Latina no sólo no ha existido esta etiqueta, sino
que los “estudios en cultura y poder”, como
los llama Daniel Mato, se encuentran diseminados en espacios
muy diferentes: universidades, periódicos, revistas,
estaciones de radio, organizaciones civiles, grupos feministas,
museos, municipalidades e incluso intelectuales independientes.
De ahí la multidisciplinariedad, que se encuentra
ya en el ensayo intelectual novecentista (Saco, Bello, Sarmiento,
Martí, etc.) y que sólo ahora parece mostrar
señales de extenuación, acaso por el reto
profesionalizante de una creciente modernización.
También es notable que esta tradición,
que forma parte de la autocomprensión nacional y
continental de América Latina, incluya a pocas mujeres,
negros o indígenas. Mary Pratt (1990) ha caracterizado
esta tradición como una hermandad nacional
que institucionaliza barreras a la participación,
crea jerarquías, y prepara el terreno cultural para
la construcción de una hegemonía favorable
a las clases dominantes y al patriarcado. Por añadidura,
las instituciones intelectuales tienen hondas raíces
en el Estado, del cual reciben lauros clientelistas, aun
cuando se dediquen a criticarlo. Se le permitía cierta
latitud al intelectual progresista porque aporta prestigio
a la nación (Schwartz,1978). Además, el intelectual
juega un papel muy distinto en América Latina que
en Estados Unidos, operando como sustituto de la sociedad
civil —habla por o representa al “pueblo”?
a la misma vez que sirve de parachoques entre ese pueblo
y el Estado.
Como precursores de la nueva interdisciplinariedad,
los intelectuales abarcaron el espectro completo de la filosofía
y de las prácticas culturales estéticas y
cotidianas en sus análisis de los procesos sociales.
Su punto débil fue la excesiva confianza en las aproximaciones
especulativas, que limitaban la practicidad de sus formulaciones.
También hay una escasa atención a las cuestiones
de género y orientación sexual, incluso hasta
hoy en día, por ejemplo, en el trabajo de Néstor
García Canclini, el mejor conocido de los exponentes
de los (que ahora se empiezan a llamar, pace Mato) estudios
culturales latinoamericanos. Por lo general, la categoría
de género se está abriendo camino en varias
disciplinas a través del trabajo de feministas, pero
no posee la misma importancia que en los Estados Unidos.
Discurso intelectual nacional y la política
de representación
En Estados Unidos los Cultural Studies
se consolidan rápidamente alrededor de lo que ha
dado en llamarse el paradigma de la política
de representación, que propone que la injusticia
social, basada en la subordinación racial, sexual
o de clase, pueda corregirse discursivamente. Es decir,
haciendo valorar las diferencias culturales en las esferas
públicas. Por añadidura, se juzga que algunas
prácticas y expresiones culturales populares, especialmente
la música y otras formas altamente tecnificadas como
el cine o el video, tanto como las prácticas literarias
más tradicionales (poesía, testimonio) cultivadas
por las minorías raciales, tienen efectos subversivos
contra el statu quo. Desde este punto de vista, las representaciones
multiculturales suelen considerarse instrumentos viables
para enfrentar los efectos de la discriminación.
La práctica de la política
cultural en América Latina es, por lo general, diferente.
Las representaciones de ciertos grupos subalternos -por
ejemplo, los negros en el Brasil o los pueblos indígenas
en México- han formado parte del mestizaje o de la
identidad híbrida que constituye lo nacional
popular encajando imágenes ideales que contrastan
con el abandono en que viven estos grupos. De ahí
que los zapatistas tuvieran que ponerse la máscara
para “ser vistos”. Hay, desde luego, una política
de representación de gente marginada, pero en los
fuertes entornos simbólicos nacionales esa política
no disfruta de las condiciones para rectificar injusticias.
De hecho, los zapatistas “ocultan” su identidad.
Los académicos norteamericanos especializados en
América Latina, sin embargo, cada vez más
interpretan las prácticas culturales de esos grupos
de acuerdo con el paradigma de la política de representación.
Uno tiene que preguntarse si esta tendencia cobrará
vigencia en Latinoamérica. Desde luego, se trata
de la transferencia de los discursos hegemónicos
(y en algunos casos rentables) en el contexto actual de
transnacionalización y globalización.
La diseminación del multiculturalismo
y del subalternismo, entre otras orientaciones analíticas
de los Cultural Studies estadounidenses, ha provocado sospechas
en intelectuales periféricos respecto a la centralidad
descentrada que procura relegitimarse en un contexto
globalizante a través de apelaciones a alteridades,
marginalidades, subalternidades, etc., desde sus propios
aparatos académicos de producción de saber
y con la participación de intelectuales postcoloniales
radicados en ellos. Según Richard:
[…] el tan comentado 'nomadismo' de un poder
dispersado y ramificado (deslocalizado) no significa
que se hayan borrado las marcas que siguen graficando
la desigualdad en la superficie del mapa postcolonial
[…]. La red internacional de controles e influencias
es la que administra el 'capital simbólico' de
la teoría metropolitana, valorizando aquellos
manejos discursivos que gozan del crédito académico
e institucional de una vinculación autorizada
a la cadena de 'las universidades, las revistas, los
institutos, las exhibiciones, las series editoriales'
que articulan la vigencia y el sentido de los debates
en curso […]” (Richard,1993:12).
Pero debe reconocerse que la política de la representación
al estilo estadounidense es menos viable en América
Latina porque no hay una distribución material adecuada
que apoye la promesa simbólica de la participación
en el consumo. Intervenir a nivel de las representaciones
podría tener una función compensatoria en
sociedades como la norteamericana, donde a pesar de los
problemas de falta de vivienda para los pobres, el acceso
limitado a los servicios de salud y la movilidad descendente,
los requerimientos básicos de la inmensa mayoría
de la población están resueltos. Pero ese
no es el caso en América Latina, donde la brecha
entre ricos y pobres se ha agudizado en los ochentas y noventas,
con el resultado de que la mayoría está en
peores condiciones hoy que en los sesentas. Por otra parte,
la gestión cultural se administra desde el Estado,
y si bien se empieza a cortejar al sector empresarial con
incentivos fiscales y privatizaciones (Yúdice,1995:1999),
no obstante se siguen buscando maneras de proteger el patrimonio
cultural, pues ese es uno de los medios para reforzar el
consenso.
Aunque la formación de la identidad
nacional difiere de país en país, en América
Latina, hay algunas constantes en el modo cómo se articulan
modernización, dependencia y representaciones de razas
subalternas, grupos étnicos, e inmigrantes. Esta forma
común de articulación difiere radicalmente de
las que se presuponen en las soluciones nacionales adoptadas
en los Estados Unidos y esa diferencia es clave para la comprensión
del estudio de la cultura en Latinoamérica. Si los
hitos contra los cuales militan los Cultural Studies británicos
pertenecen a la alta cultura (en la tradición
de Arnold y Leavis), y los estadounidenses a la cultura de
masas, en América Latina las bases de la cultura hegemónica
nacional descansan en lo popular. Esta tradición se
remonta a mediados del siglo XlX y se centra en la literatura
como medio idóneo para crear una cultura autónoma,
independiente de la europea. Andrés Bello al igual
que José Martí, aducía que América
Latina no tendría una cultura propia hasta no contar
con una literatura claramente definida, basada en prácticas
locales que no imitaran modelos europeos. Este impulso autonomista
lo retoma Angel Rama, quien argumenta que ya a fines del diecinueve,
con el modernismo literario, la cultura latinoamericana se
hallaba a la altura de la europea y la estadounidense. Su
criterio tiene que ver con una interpretación particular
de la modernidad: la expresión cultural encarna, a
nivel simbólico, los mecanismos de acumulación.
Si bien en la esfera económica o política no
se podía dar una respuesta viable que evidenciara competitividad
con los países céntricos, al menos en la literatura
se lograba una respuesta simbólica que compensaba el
atraso en esas otras dimensiones (Rama 1965; 1970 y 1985).
Aportes latinoamericanos a los estudios culturales
Si desde el principio los estudios culturales
nacionales se centraron en la literatura, la raza fue el terreno
sobre el que se negoció la relación entre nación
y Estado en los estudios de cultura popular. De hecho, el
problema de la raza, como factor de complicación en
la definición de la identidad latinoamericana y como
elemento principal de la política de identidad, se
remonta al momento de la conquista. Más específicamente,
desde los veintes y treintas, cuando los intelectuales de
la mayoría de los países latinoamericanos empezaron
a examinar el asunto de la raza de manera consistente como
factor afirmativo en la definición de la cultura -sea
nacional (la patria chica) o continental (la patria grande)-,
se elaboraron nuevas intuiciones sobre la interacción
de raza, cultura popular y relaciones norte/sur (caracterizadas
tradicionalmente como imperialismo) que hasta hoy en día
no se encuentran en otras tradiciones de estudios culturales.
Los análisis del peruano José Carlos Mariátegui,
el brasileño Gilberto Freyre y el cubano Fernando Ortiz
-quien acuñó el término transculturación
para corregir la noción unidireccional de aculturación-
tienen un carácter holístico que incluye
factores de clase, economía regional, inmigración,
religión, música popular, literatura y otras
prácticas culturales donde lo popular remite
etimológicamente al pueblo en contraste con
lo popular en el sentido angloamericano vinculado a mercados
y cultura de masas. Piénsese, por ejemplo, en el contrapunteo
de economía, politología, antropología
e historia en la obra de Ortiz. Por supuesto, muchos de los
analistas de la cultura popular pertenecieron también
a las élites y fungieron como intelectuales orgánicos
al servicio de los nuevos proyectos nacional-capitalistas
de modernización. Pero otros de esos analistas, como
Mariátegui, fundador del partido comunista peruano
en 1928, trabajaron a favor de los oprimidos.
Fue en las décadas de los veinte
y treinta que se modelaron nuevas formas estatales para que
América Latina entrara en la economía global
de la primera posguerra en calidad de productora de sustitutos
de importación. Este nuevo papel requirió nuevas
maneras de interpelar a los trabajadores como ciudadanos y
viceversa. Puesto que los trabajadores más factibles
(numerosos) eran de diferente raza (indígenas, negros
o mestizos) o bien de diferente etnia (inmigrantes), el Estado
autoritario (el varguista en Brasil, el cardenista en México)
buscó legitimidad entre los sectores populares para
sus proyectos modernizadores, ante la oposición de
la oligarquía tradicional. La pregunta que los estudios
culturales debieran hacer al respecto no es si este populismo
fortaleció efectivamente a los sectores populares:
ya sabemos que no. Lo que importa es que protagonizó
lo popular en sus políticas sociales y culturales.
La experiencia latinoamericana en este respecto es un gran
aporte a la teoría social contemporánea, pues
se fundamenta en el reconocimiento, ya expresado por Gramsci,
de que la política, el conocimiento legítimo
y la cultura se funden en el proceso de hegemonía.
Este proceso, según Laclau, opera como una articulación
de “contenidos no clasistas —interpelaciones y
contradicciones— que constituyen la materia prima sobre
la que operan las prácticas ideológicas de clase”
(1977:164). En otras palabras, lo cultural es terreno
de conflicto y articulación de conocimientos legítimos
y contestatarios.
Otra corriente de los estudios en cultura
y poder, que también influyó en la tradición
estadounidense, tiene que ver con las desigualdades Norte-Sur
en relación a tecnología, ciencia, información,
medios, relaciones de mercado y hasta tendencias artísticas
e intelectuales. Ya en los 1880s, José Martí
había escrito proféticamente sobre los cambios
culturales producidos en el eje Norte-Sur debido a las iniciativas
estadounidenses de “libre comercio,” inscriptas
en el panamericanismo, que no eran sino vehículos para
la subordinación latinoamericana (Martí,[1889]1977).
Por supuesto, Martí, al igual que muchos de los estudiosos
de la cultura latinoamericana, pasando por la teoría
de la dependencia de Cardoso y Faletto (1969) y la crítica
al imperialismo cultural de Dorfman y Mattelart (1973), reducían
esta subordinación a un flujo unidireccional. Posteriormente,
un análisis transnacional de los flujos culturales
generó importantes intuiciones respecto a la estructuración
de desigualdades. Por ejemplo, se ha percibido que los medios
masivos norteamericanos no pueden ser vistos sólo como
colonizadores de subjetividades latinoamericanas, sino que
tienen un efecto generador de contradicciones en comunidades
donde la igualdad sexual no forma parte del sentido común.
Una nueva generación de estudiosos, a partir de mediados
de los setentas, acuñó términos como
reconversión cultural (Garcia Canclini,1992a)
o mediaciones de recepción diferenciada (Martín-Barbero,1987)
para dar cuenta de estos fenómenos. Al enfocar la mediación
cultural, estos críticos logran discernir cómo
y hasta qué punto los diversos grupos que componen
la heterogeneidad cultural de Latinoamérica interactúan
entre sí, y qué perspectivas tienen los grupos
subalternos de ganar una mayor participación en la
distribución del saber, los bienes y los servicios.
No obstante, y sin tener que aceptar el marco analítico
del imperialismo cultural, es preocupante que las empresas
transnacionales (y no exclusivamente estadounidenses) hayan
logrado aumentar su control de la oferta cultural
en América Latina.
El desafío a la legitimidad del discurso intelectual:
los nuevos movimientos sociales
El estudio de la relación de la cultura
con los movimientos sociales tiene también una larga
historia. A principios de los sesenta se desarrolló
a lo largo del continente la práctica de la “concientización”,
cuya estrategia era retar a la política estatal, las
instituciones elitistas y la estratificación social
legitimadas por el conocimiento institucionalizado, y su objetivo
era propagar la causa de los sectores populares, creando instituciones
alternativas y buscando alianzas con instituciones tradicionales
como la iglesia o las escuelas, para así legitimar
los conocimientos inherentes a las prácticas populares.
El movimiento se dedicó no sólo al estudio de
la cultura sino a un proyecto más abarcador: descolonizar
y redefinir la propia cultura según criterios no elitistas
y populares.
Este movimiento operó multidisciplinariamente,
abarcando la pedagogía (Freire), la economia política
(el marxismo), la religión (la Teología de la
Liberación), el activismo (fuertemente arraigado en
comunidades eclesiales de base constituidas por trabajadores
urbanos, campesinos y estudiantes), la etnografía,
el periodismo, la literatura y otras prácticas culturales.
De gran importancia fue la nueva modalidad expresiva que surgió
del movimiento: el testimonio. Dar testimonio implicaba, entre
otras cosas, la producción de un conocimiento popular
con capacidad de permear y transformar disciplinas y discursos
culturales: historia social, etnografía, autobiografía,
literatura, análisis político y activismo. Más
específicamente, este conocimiento se oponía
al conocimiento “legítimo” que justificaba
los proyectos de modernización, es decir, la reestructuración
social, política y económica según modelos
desarrollistas europeos y sobre todo norteamericanos que ya
habían deteriorado la vida de los sectores populares.
La concientización y los retos al desarrollismo son
parte de la resistencia latinoamericana a los flujos que vienen
del Norte, que aun cuando prometen una mejora económica
y social, suelen “subdesarrollar” a los países
en “vías de desarrollo” y generar ventajas
económicas para los países “desarrollados.”
Estas cuestiones tienen que ver con lo más
fundamental de los Cultural Studies, que son los procesos
de valoración. La cultura -como campo de lucha entre
diversas normas sociales, como producto de mercado, como cruce
de estrategias locales, nacionales y transnacionales de acumulación,
como intermediación intelectual o activista, como política
de identidad, como ética inherente a los movimientos
sociales, e inclusive como trascendencia de lo material en
los registros estéticos más convencionales-
es fundamentalmente un espacio recorrido por procesos de valoración.
El valor en los procesos de producción, circulación,
recepción, consumo, respuesta, intercambio, etc. es
el balón que está en juego en las relaciones
de poder, que a su vez se arraigan en factores de clase, raza,
etnia, género, lugar geopolítico, y otras diferencias
culturales. Hay que reconocer, pues, que lo que caracteriza
hoy en día a los procesos sociales (i.e., políticos
y culturales) es un conflicto de valores que afecta nuestros
instrumentos analíticos y la producción del
conocimiento. Hay, pues, una crisis de paradigmas no sólo
en el conocimiento y el activismo, sino en la ubicación
geopolítica de los modelos de análisis y de
acción, pues como señalara Fernández
Retamar hace cinco lustros, una teoría, por universal
que se pretenda, siempre se concibe a partir de una realidad
particular.
El conflicto de valores
A partir del ocaso del intelectual crítico,
quedan según Sarlo dos tipos de intelectuales, ambos
valorizados por los Cultural Studies: los neopopulistas mediáticos
y los neopopulistas subalternistas. Con el auge de la sociedad
del espectáculo, el intelectual fue dislocado y la
legitimidad de su lugar de enunciación, respaldada
por la autoridad institucional, ya no es “reconocida
por sus destinatarios” (Sarlo,2000:10). Por tanto las
sociedades “han perdido su carácter sistemático,
estructurado y estructurante, y se disgregan en comunidades
de intereses o tribus culturales” (Sarlo,2000:11). De
ahí que Sarlo lamente que la única labor intelectual
disponible hoy en día sea la de los intérpretes
posmodernos “que más fácilmente podrían
adecuarse a una realidad de ‘escenarios’ socioculturales”
[en contraste con sociedades cohesionadas por una esfera pública],
o la de los intelectuales legisladores que proceden
despóticamente a “indica[r] lo que los hombres
y las mujeres deben ser” (Sarlo,2000:11). El resultado
es un “social irradiado” diseminado en las estrías
de la diferencia cultural (Sodré,1992:115), que ya
no sirve de plataforma efectiva para la política contestataria
sino que se intercambia para lograr una participación
más simbólica que real y que cada vez más
se integra a la rentabilidad massmediática y consumista.
Pero hay otros modos de concebir a los intelectuales
que dan consideración seria a los medios y a las identidades
“fragmentadas” o “irradiadas.” García
Canclini ha argumentado que el consumo no opera conforme a
un sencillo proceso de imposición desde arriba para
abajo o un simple “ejercicio de gustos, antojos y compras
irreflexivas, según suponen los juicios moralistas.”
Más bien se trata de una “racionalidad sociopolítica
interactiva” que se manifiesta en las “disputas
por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo.”
De ahí que se produzca la complicidad entre el consumo
y la ciudadanía, concebida como una “comunidad
interpretativa de consumidores” (García
Canclini,1995:43-50). Hay “posibilidades interactivas
y […] de reflexión crítica [en] estos
instrumentos comunicacionales,” pero lo que impide que
se extiendan a las mayorías es la estructuración
de estas industrias conforme a las políticas mercadológicas
del neoliberalismo. Ante este escollo, García Canclini
no vitupera ni a los consumidores ni a los intelectuales que
procuran promover su causa, sino que reclama políticas
efectivas para diversificar y hacer más accesible la
oferta de “bienes y mensajes representativos de la variedad
internacional de los mercados,” para asegurar que esta
oferta se atenga a la “información multidireccional
y confiable acerca de [su] calidad,” y para que se establezca
un espacio en el que los “principales sectores de la
sociedad civil [puedan intervenir] en las decisiones del orden
material, simbólico, jurídico y político
donde se organizan los consumos” (1995,52:53). Vemos,
pues, que el esfuerzo intelectual no reside en entregarse
a un vale todo postmoderno ni tampoco legislar, según
el modelo propuesto por Sarlo, sino de abrir espacios
de interlocución (Antonelli,2000).
Crisis de paradigmas
Son muchos los cientistas sociales y los
críticos de la cultura latinoamericanos que hacen referencia
a una crisis de paradigmas como parte de una crisis más
global de la modemidad. El desplazamiento de lo nacional anidó
en las nuevas prácticas en la esfera cultural. En la
medida que el Estado transfiere parte de la gestión
cultural al sector privado y al tercer sector, la esfera cultural
cobra mayor importancia, pues se hacen más visibles
los conflictos de valores. Además, el entrelazamiento
de lo transnacional y de los movimientos de base (tan evidente
en la acción de las ONGs) ha producido situaciones
en las cuales la cultura ya no puede ser interpretada como
la reproducción de una “estructura del sentir”
o structure of feeling, según la formulación
de Williams, en la cual la nación opera independientemente
de las tendencias globalizantes. Teniendo en cuenta estas
tendencias, el sociólogo chileno, José Joaquín
Brunner rechazó la idea de que la modernización
sea intrínsecamente ajena al ethos cultural
supuestamente barroco, novohispano, cristiano y mestizo. Su
crítica no implica que los literatos se hayan equivocado
acerca de la constitución de las formaciones culturales
latinoamericanas; son, de hecho, híbridas. La crítica
se refiere, más bien, a las representaciones y a los
usos ideológicos del mestizaje y del realismo maravilloso,
que en todo caso son conformados en la contingencia histórica.
Para Brunner, estas mezclas fueron generadas por el encuentro
de modos de producción, la segmentación de mercados
de consumo cultural y la expansión e internacionalización
de las industrias culturales. De ahí que las peculiares
hibrideces latinoamericanas no merezcan ni elogios por su
carácter maravilloso ni repudios por su inautenticidad
(Brunner,1987:4).
Brunner argumenta que el intelectual de
hoy en día debe abandonar el papel tradicional de articulador
del sentido común, sobre todo si ese sentido se basa
en la representación de una cultura popular generalizada
que asimila una miríada de diferencias. Es justamente
este papel articulador que cuestionaron cientistas sociales
como Guillermo Bonfil Batalla, García Canclini y Rodolfo
Stavenhagen, pues la antropología, que facilitó
la integración de los sectores populares a la modernización
promovida por el régimen cardenista en los treintas,
necesitaba tomar otro rumbo en el contexto de la privatización
y la entrada de México al Tratado de Libre Comercio
Norteamericano (NAFTA). A fines de los setentas, estas y otras
figuras criticaron los intereses del indigenismo institucionalizado
y el papel de los intelectuales y académicos en la
subordinación, asimilación y simultánea
exclusión de los pueblos indígenas. Stavenhagen
denunció las políticas asimilacionistas. Bonfil
propuso una redefinición del investigador como colaborador
en los proyectos de las comunidades subalternas. Esta colaboración
era necesaria también para los cientistas sociales
cuyas funciones tradicionales estaban desapareciendo a la
par de las recientes transformaciones políticas y económicas
(v.gr., neoliberalismo y privatización). Estos cambios
constituían una crisis de paradigmas para las ciencias
sociales y desplazaron a los investigadores de su función
de facilitadores de la integración nacional según
el pacto clientelista que se había negociado entre
el Estado y los intelectuales en el período posrevolucionario
(Bonfil Batalla,1991:18-19). García Canclini, a su
vez, no sólo aconsejó la reforma de las instituciones
que organizaban la producción, promoción y consumo
de la cultura popular sino que propuso la creación
de una nueva esfera pública y una nueva industria turística
a partir de las cuales se pudiera reformular y experimentar
la cultura de una nueva manera.
Semejante reconversión de
la práctica del antropólogo tiene importantes
repercusiones para concebir la relación entre política,
política cultural, formación de identidades,
construcción de instituciones y ciudadanía.
A principios de los noventas, Elizabeth Jelin y sus colegas
en el CEDES (Centro de Estudio del Estado y la Sociedad) trabajaron
con víctimas de las violaciones a los derechos humanos
en la Argentina, no sólo para reclamar justicia en
los foros jurídicos, sino también en la esfera
pública, interviniendo así en una cultura de
derechos. Según Jelin, el concepto de ciudadanía
en una cultura democrática debe tener en cuenta aspectos
simbólicos como la identidad colectiva, y no limitarse
a un discurso racionalizable en relación a los derechos
(Jelin,1991).
Su acercamiento a la ciudadanía se
asemeja a la correlación que establece Nancy Fraser
entre identidad y las luchas en torno a la interpretación
de necesidades. Los conflictos entre interpretaciones de necesidades
en la contemporaneidad revelan que habitamos un nuevo
espacio social distinto a la esfera pública ideal,
en la que se supone prevalecen habermasianamente los mejores
argumentos. Esta lucha de interpretaciones involucra a los
expertos que administran las burocracias y otras instituciones
que proporcionan servicios, requiere que se juzguen las propuestas
de legitimidad de grupos que se identifican por su diferencia
cultural, y se rearticula en relación a los discursos
“reprivatizadores” que reincorporarían
las necesidades problematizadas a sus enclaves domésticos
u oficiales, donde se mantuvieron históricamente fuera
de toda consideración política (Fraser,1989:157).
A la pregunta de cómo se fomenta
un ethos democrático, Jelin responde con la
expansión de las esferas públicas. Es decir,
de aquellos espacios no controlados por el Estado ni el mercado
en los cuales prácticas conducentes u opuestas a la
democracia se promueven o restringen. Desde luego, la apertura
de lo público a los movimientos sociales no garantiza
que estos sean progresistas o democráticos. Lo que
la proliferación de esferas públicas sí
asegura es que no prevalezca una sola concepción de
ciudadanía, por ejemplo, la que se limita a derechos
y responsabilidades. De hecho, hay muchos movimientos sociales
cuya labor no gira en torno a la expansión de derechos
civiles, sino que pugnan por el trabajo (piqueteros) o la
vivienda (el Movimento dos Sem Terra) (3). Para Jelin, la
tarea del investigador es colaborar con los grupos para crear
espacios en los que tome forma su identidad y su ethos
cultural. Entendido de esta manera, el proyecto de los estudios
en cultura y poder forma parte de la lucha por democratizar
la sociedad, tarea importantísima ahora que el Estado
reduce su papel de árbitro y lo privatiza.
Transnacionalismo: ¿Un nuevo imperialismo?
Otra novedad en los estudios culturales
latinoamericanos en los noventas es el análisis del
impacto cultural de los tratados de libre comercio y de la
creación de acuerdos suprarregionales como Mercosur.
Por ejemplo, el libro de Guevara Niebla y García Canclini
(1991) diagnostica el probable impacto del Tratado de Libre
Comercio en la educación y la cultura sobre educación,
industrias culturales, innovación tecnológica,
propiedad intelectual y derechos de autor, turismo y cultura
en la frontera México-Estados Unidos. Vemos que a este
nivel, la relación entre cultura y poder es mucho más
amplia y compleja que la representación de movimientos
sociales o grupos de identidad. En un capítulo sobre
el impacto en la industria editorial mexicana, los investigadores
pronosticaron que ésta sufriría con la privatización
de la producción del texto escolar, que alcanzó
los 96 millones de ejemplares en 1991. Al abrir los concursos
de producción de textos escolares a editores extranjeros
que disponen de tecnología más actualizada,
se pensó que las editoriales nacionales no podrían
competir (García Canclini,1992:221). Pero más
importante es la descentralización del propio sistema
cultural, prevista en los planes de privatización educativa.
En lugar de que el Estado subsidie a las comunidades, ellas
mismas deberían adquirir los libros para sus estudiantes,
como ocurre en los Estados Unidos. Esto significa que las
comunidades controlarían el contenido de los libros
de texto, un aspecto del plan que la Iglesia Católica
ha querida poner en práctica. La Iglesia se opuso a
la educación sexual y otras cuestiones éticas
que hasta el momento del informe tenían una impronta
liberal. Si bien la industria editorial no sucumbió
a la competencia estadounidense o canadiense, como se temía,
la liberalización de las industrias culturales, sobre
todo aquellas vinculadas a las telecomunicaciones, posibilitó
el nuevo protagonismo de las empresas españolas.
Estos casos, entre otros, de los estudios
sobre la cultura y las relaciones de poder en Latinoamérica
añaden algo muy importante a las tradiciones anglo-americanas:
el reconocimiento de que las instituciones estatales y civiles,
los cuerpos políticos, la economía política,
los tratados comerciales, etc., son indispensables para cualquier
proyecto viable de estudios culturales. Más aun, estos
estudios subrayan el papel que el crítico cultural
puede asumir: no limitarse a celebrar la supuesta subversividad
de la cultura massmedíatica o de las subculturas (Hebdige,1979).
Si bien es verdad que los estilos comunican demandas de democratización
cultural y una voluntad de desafío a los valores hegemónicos,
no por eso se transforman en política viable. Las guerras
culturales en Estados Unidos mostraron la debilidad de esta
premisa en las políticas de representación y
en el ethos subversivo de los estudios culturales, que extremaron
la idea gramsciana de que la cultura es un campo de lucha,
sobre todo en el contexto de una cultura massmediática
en la que los gestos de subversión se incorporan a
la oferta de entretenimiento.
La política de la identidad y sus críticas
En las últimas tres décadas
ha habido numerosos debates acerca de si la identidad es una
esencia o si es socialmente construida. Es común que
la mayoría de las aproximaciones de los Cultural Studies
se adhiera a la perspectiva construccionista. Sin embargo,
esta perspectiva ha resultado insatisfactoria porque no le
da importancia a la experiencia. No me refiero a la experiencia
en el sentido de autenticidad o inclusive de una fenomenología
existencial al estilo heideggeriano, sino a la performance
de las identidades, invocada en parte por iniciativas de ciudadanía
cultural que procuran redistribuir el poder simbólico.
De hecho, en Estados Unidos la performance de la
experiencia ha tomado prioridad sobre las otras artes como
expresión cultural.
Creo que es muy difícil trazar en
la actualidad una línea de demarcación entre
la política de identidad y performance de
la experiencia. No obstante, hay diferencias. La política
de identidad en Estados Unidos tiene su origen en las luchas
del movimiento por los derechos civiles que, como afirman
Omi y Winant, fueron la “primera expresión verdadera
de democratización” (1986:75). Por democratización,
se refieren a la superación del lugar fijo que las
minorías ?sobre todo los negros? ocupaban en el apartheid
estadounidense. En estas condiciones, sus únicas opciones
políticas se daban dentro de los parámetros
de lo que Gramsci denominó guerra de movimiento,
cuando la identidad de un grupo se da en relación a
su lucha frontal contra el enemigo. “Los grupos subordinados
buscaban preservar y extender un territorio definido para
así alejar los ataques violentos y desarrollar una
sociedad interna, alternativa al sistema social represivo
que confrontaban” (Omi y Winant,1986:74). Después
de la Segunda Guerra Mundial, que hizo factible el movimiento
de derechos civiles (se tuvo que verificar con hechos la retórica
antirracista que se había lanzado contra el nazismo
y no se pudo negar a los negros los beneficios ofrecidos a
los soldados que habían luchado en la guerra), los
grupos minoritarios pudieron extender su lucha a una “diversidad
de terrenos institucionales y culturales” (Omi y Winant,1986:74):
iglesias, escuelas, universidades, partidos políticos,
agencias gubernamentales, museos e instituciones culturales,
organizaciones de sociedad civil, empresas, etc. Esta multiplicación
de frentes de acción es lo que Gramsci denominó
guerra de posición (1971:239).
En otras palabras, el movimiento de derechos
civiles abrió un nuevo espacio político definido
por una amplia y múltiple lucha por la hegemonía,
y transformó lo que se entendía por identidad
nacional normativa, haciendo posible legitimar otras identidades
alternativas-chicanos, puertorriqueños, asiáticos,
mujeres, homosexuales- cada una de las cuales impulsó
sus propias guerras de posición(4). Desde luego, no
se trata de una revolución en el sentido clásico
(jacobino), pues el Estado y el sector empresarial tuvieron
un papel de intermediación (y en gran parte de cooptación)
en esa lucha por la hegemonía. Con todo, muchas instituciones
y políticas estatales se redefinieron y las industrias
culturales y el consumo se adiestraron, para sacar provecho,
en esta nueva guerra de posiciones.
Los grupos de identidad estadounidenses,
tal como se les conoce hoy en día, “entraron
en escena” pública -es decir, desarrollaron estrategias
de performance sociopolítica- inventándose,
o mejor autoreándose, en el proceso. La identidad
se hizo una práctica o performance necesaria
para penetrar las instituciones que ahora tenían que
dar cabida a grupos que se definían según diferencias
culturales reconocidas jurídica y extrajurídicamente.
Por tanto, la identidad devino requisito para la participación
política. A su vez, la participación de minorías
en estas instituciones las transformó, reacentuando
o reconfigurando los géneros conductuales (Voloshinov,1973:96)
disponibles para el reconocimiento y para la negociación
de acceso a la distribución de servicios de salud,
educación, vivienda, y consumo. La estética
grupal y la sexualidad también contribuyeron a la redefinición
de los términos de participación en instituciones
y esferas públicas. Se expandieron los criterios de
evaluación de necesidades y satisfacciones,
pues se llegó a reconocer que estas categorías
son tan importantes como los derechos políticos para
un modelo democrático más eficaz. Necesidades
y satisfacciones -y sus representaciones- a su vez operaron
visiblemente como fundamento de la legitimación de
los derechos o del acceso a los derechos. De ahí el
surgimiento de una política basada en la interpretación
de necesidades, pues ese proceso interpretativo es donde se
escenifica la lucha social por la hegemonía. Es decir,
donde se desempeñan las estrategias para legitimar
o deslegitimar demandas por la satisfacción de necesidades,
que a su vez se “fundamentan” en la diferencia
cultural. Se legislaron políticas especiales para los
grupos que manifiestan rasgos culturales no normativos, como
la educación bilingüe, que da acceso al derecho
a la educación para los que no hablan inglés.
Pero lo importante es que la legislación de esas políticas
tiene que pasar por un proceso de lucha interpretativa, que
a su vez requiere que se escenifiquen las diferencias (Yúdice,1990).
Todo lo dicho hasta aquí parece sostenerse
para todos los “grupos de identidad” (afroamericanos,
latinos, asiáticos, gays y lesbianas, sordomudos, de
tercera edad, discapacitados, etc.) en los Estados Unidos.
Pero esto no quiere decir que los diferentes grupos escenifiquen
sus identidades de la misma manera o que haya una afinidad
inherente entre ellos, pues lo que más tienen en común
son los contextos contingentes en los que se gestan
sus prácticas. Michael Warner advierte que la subalternidad
no equipara a esta diversidad de grupos, no hay “paralelismo
identitario” que obligue a aliarse a los grupos marginados
en base a factores de raza, etnicidad, clase, género
y preferencia sexual (Warner,1991:13).
En la política de identidad estadounidense,
la particularidad de la apariencia física es un criterio
crucial para la comprensión de la performatividad.
Lo que Warner describe en relación a la identidad queer
no ocurriría de la misma manera entre los jóvenes
chicanos heterosexuales, cuya identidad se construye en la
performance de chicanidad, que a su vez depende de
la performance de masculinidad y heterosexualidad(5).
La frase “gay chicano” sería una contradicción,
al menos en el período clásico del “nacionalismo”
chicano. Además, los afroamericanos, chicanos o mujeres
no pasan como tales por una salida del closet, es decir, por
el ritual de declaración de su etnicidad. En la mayoría
de los casos, la etnicidad se evidencia en los rasgos físicos
o culturales. No obstante, la producción de rasgos
identitarios relacionados con maneras de vestir, gesticular,
hablar, etc., es común a todos los tipos de performance
de estos diversos grupos. Además, la performatividad
es una manera de poner en escena el deseo y la fantasía,
que son componentes también fundamentales de la identidad,
y que, por tanto, tienen valor político.
Performatividad y estética en la política de
identidad
La performatividad no se limita
a la corrección de representaciones estereotipadas
ni a la adopción de roles (como en la sociología
interaccional) ni a la simulación en el sentido baudrillardiano.
Opera en la performatividad la fantasía, que es “una
escena imaginaria en la que el sujeto deviene protagonista
y se representa la satisfacción del deseo” (Laplanche
y Pontalis, 1973:314). Al proyectarse la identidad a los escenarios
públicos y realzarse la interpretabilidad de necesidades
y sus satisfacciones en la política de derechos civiles
y de acción afirmativa, la política de identidad
deviene fantasía colectiva que no se limita a la psique
privada sino que alienta en la gran pantalla de lo social.
El deseo es, precisamente, el operador fundamental de esta
escenificación donde están en juego los valores
que se asignan a las identidades. El deseo, “fisura
que separa la necesidad de la demanda” (Laplanche y
Pontalis,1973:483), es el espacio de interpretabilidad y valoración
y como tal rige la interacción de los “grupos
de identidad” que luchan por satisfacer sus demandas
de reconocimiento (o busca de legitimación) mediante
la proyección de sus necesidades en el espacio social
y político. Como ningún grupo tiene el control
absoluto en la contienda de interpretación de necesidades,
el proceso fantaseante es continuo, propenso a la compulsión
de repetición. Todo esto parecería indicar que
la fantasía, como interface de identidad y política,
no se presta fácilmente a los análisis congitivistas
y políticos característicos de orientaciones
marxistas en los Cultural Studies (Rose,1986:14).
El modelo de la política de identidad
elaborado más arriba parece haber resuelto los impases
que siempre han frustrado las interpretaciones políticas
de la cultura estética. La performatividad
que caracteriza a la política de identidad estadounidense,
y que es el objeto prioritario, si bien poco teorizado, de
los Cultural Studies, es en esencia la proyección de
la fantasía sobre el espacio público. Ello,
desde luego, tiene su precio, pues el efecto principal es
la absoluta supresión de lo privado, espacio en el
que se suponía tradicionalmente que operaba la actividad
estética. Más allá de las condiciones
examinadas más arriba (movimiento de derechos civiles,
acción afirmativa, política de identidad), las
“guerras culturales” estadounidenses de los ochentas
y noventas provocaron (o fueron provocadas por) el desplazamiento
de lo privado a lo público. De hecho, el género
estético más identificado con este período,
el arte de performance, perdió su anclaje
en la privacidad del cuerpo –sobre todo femenino–,
condición de su valor estético en los sesentas,
cuando todo lo relacionado con el valor se politizó
en el debate público (Yúdice,1996).
No hay que lamentar, desde luego, que se
desmitifique el enclave privado burgués de la libertad
artística, pues a pesar de ser la dimensión
en que los artistas repudiaron la otra cara de la modernización
novecentista -la libertad económica del capitalista-
esa “libertad,” no obstante logró ser valorizada
y producir sus propias exclusiones, sobre todo de mujeres
y subalternos como actores culturales. Los Cultural Studies
forman parte de esta desmitificación, sobre todo por
su interés en revelar las relaciones entre cultura
y poder. Pero como señala Jean Franco respecto a los
avances del feminismo latinoamericano en la politización
de lo privado -siguiendo el lema histórico “lo
personal es político”- no sólo se precluye
la posibilidad de una autoapreciación que no se base
en la política de la representación (1992:78),
sino que también “se reinstituyeron de manera
velada las mismas realciones de privilegio que habían
separado a la intelligentsia de las clases subalternas”
(1992:80). Politizar lo “privado” (v.gr., lo doméstico)
no ha resuelto los problemas de desigualdad.
Desde luego, las políticas de identidad
no podrían haber “resuelto los impases”
arriba referidos, sobre todo si se tiene en cuenta su absorción
por partidos y mercados de lo que tuviera la identidad de
rentabilidad política y social, que es lo que induce
el auto-gobierno, siguiendo el modelo de gobernabilidad propuesto
por Foucault. En varios ensayos (Yúdice,1995;1999),
examino cómo las instituciones culturales alternativas
erigieron un mercado paralelo y compensatorio para minorías
que casi nunca se cruza con los circuitos dominantes donde
circula el poder. Y cuando la “alternatividad”
entra en juego en estos circuitos suele ser cuando las empresas
y las instituciones políticas aprovechan la “política
de la identidad” como recurso expeditivo en su búsqueda
de lucro o en las estrategias de apaciguamiento de problemas
sociales.
La ciudadanía tiene que ver con la
pertenencia y la participación, pero está sobredeterminada
de manera compleja que mitiga las demandas de acceso al poder
[empowerment], sobre todo aquellas que se desempeñan
en el espacio de la representación. Tomando de Foucault
el concepto de gobernabilidad, con el cual se refiere a las
“maneras en que se guía la conducta de individuos
o grupos” a partir de la administración de lo
social (Foucault,1982:21), podemos decir que las estrategias
y políticas de inclusión son un ejercicio de
poder mediante el cual se construyen las identidades a ser
“protegidas” y administradas: “mujeres,”
“gente de color,” “gays y lesbianas.”
Análogamente, para Cruikshank, “los organizadores
progresistas, al desarrollar estrategias para dar acceso al
poder [empower] a los pobres durante la Guerra contra
la Pobreza [War on Poverty] acabaron “inventando
y operacionalizando nuevos instrumentos para actuar sobre
la subjetividad de los pobres” (1994:48). Estos brokers
“estructuraron el campo de acción” (Foucault,1982)
o acceso.
La situación en América Latina
es diferente, lo cual no quiere decir que la identidad no
tenga valor en la gestión de democratización
y acceso a los espacios públicos. Esta es la premisa
de un libro reciente sobre la relación entre política
y cultura (Alvarez, Dagnino, Escobar,1998), que a mi modo
de ver revela demasiada confianza en el poder de la acción
cultural para llevar al cambio. No obstante, algunos de los
contribuidores reflexionan sobre los límites de la
política de identidad en contextos latinoamericanos.
Olivia Maria Gomes da Cunha analiza cómo el movimiento
negro brasileño sufrió el desplazamiento del
énfasis marxista en cuestiones de conciencia política
a la orientación más culturalista de la identidad,
que se desplazó de nuevo al adoptarse el discurso de
ciudadanía, que a su vez le permitió a este
y otros movimientos mayor flexibilidad en su búsqueda
de apoyo de instituciones gubernamentales y fundaciones internacionales
y en sus tentativas de alianza más allá de criterios
raciales y culturales. A partir del análisis de las
actividades del Grupo Cultural Afro Reggae, Cunha argumenta
que las prácticas de hibridación en lo que respecta
a identidad (negros, jóvenes, pobres), oportunidad
política (las alianzas) y prácticas culturales
(las fusiones musicales) muestran más pragmatismo que
fidelidad identitaria. Mis propias reflexiones a partir de
y con este grupo muestran, además, que las categorías
(raza, sexualidad, género) que suelen aparecer en los
Cultural Studies estadounidenses como plataformas para el
acceso al poder [empowerment] son mucho más
flexibles (Yúdice,2000).
La contribución de Verónica
Schild a este libro también problematiza las premisas
de los coordinadores al demostrar cómo el activismo
de los grupos de mujeres chilenas, una vez incluidos en la
maquinaria del Estado neoliberal, acaba colaborando en medidas
de control más que facilitar la participación.
Schild enfatiza las maneras en que los recursos culturales
y materiales son movilizados para la construcción de
nuevas políticas estatales. Desde esta perspectiva,
“si bien en una coyuntura particular los movimientos
sociales pueden deconstruir la dominación al mostrar
que consiste en una estructura ‘congelada’ de
relaciones de poder […] y de identidades opresivas y
excluyentes, en otra coyuntura [estos mismos movimientos]
contribuyen al surgimiento y desarrollo de nuevas formas de
dominación” (Schild,1998:95). La “ONGización”,
opción surgida en la coyuntura de la democratización
neoliberal de la posdictadura, permite que los activistas
subalternos consigan, con la ayuda de organizaciones y fundaciones
internacionales, que sus demandas sean reconocidas, pero a
la misma vez reposiciona a estos grupos como “nuevos
tipos de clientes con ‘necesidades’ administrables”
(Schild,1998:110).
La economía creativa y la nueva división internacional
del trabajo cultural
En la versión original de este ensayo,
traté brevemente el impacto de los tratados comerciales
en políticas y prácticas culturales. En los
ocho años transcurridos, este impacto se ha hecho más
evidente, sobre todo en lo que respecta a las industrias culturales.
También se ha hecho más evidente que la política
de identidad, si bien ha crecido en importancia con las industrias
culturales, no ha producido un programa viable de acción
ante el nuevo régimen de acumulación, que según
Toby Miller (1996) se basa en una nueva división internacional
del trabajo cultural, concepto que caracteriza los procesos
de diseminación y entrelazamiento de la producción
de mercancías culturales en varios continentes. Ambos,
trabajo intelectual y material, se distribuyen mundialmente
en red, mostrando lo inadecuado del modelo mercantilista según
el cual los productos tenían señas de identidad.
En la era posfordista, la cultura, semejantemente a la producción
de ropa o de automóviles, se diseña en un país,
se procesa en otros, se promociona en varios lugares y se
consume globalmente. El país de origen es significante
sólo en la medida que genera valor añadido
en un contexto en que las diferencias aguzan la demanda; pero
no por eso el lucro se mantiene en las localidades sino que
está destinado por los acuerdos de propiedad intelectual
y de comercio a las empresas transnacionales.
Puesto que la acumulación se basa
en la generación de propiedad intelectual, los países
que controlan los regímenes jurídicos internacionales
han creado políticas integrales para fomentar la creación
de propiedad intelectual en biotecnología, informática
y en “contenido cultural,” o para asegurar que
las empresas con sede en su territorio sigan dominando en
el comercio de la propiedad intelectual. En la medida que
se multiplican las posibilidades de crear contenidos localmente,
tanto más aumentan los ingresos de las empresas transnacionales,
pues los regímenes de comercio internacional favorecen
a los que poseen los derechos de propiedad intelectual. Ello
resulta en una nueva división internacional del trabajo
cultural según la cual se poseen los derechos y se
gerencia la producción de contenidos a partir de centros
de comando y control diseminados en red y la creación
cultural es tratada cada vez más como un servicio contratado
(Rifkin,2000). De ahí que la producción cultural
local no contribuya a mejorar la posición económica
de los países en vías de desarrollo. Al contrario,
la brecha económica se ensancha cada vez más.
Agrava esta situación el que las empresas transnacionales
no inviertan en centros locales de investigación y
desarrollo y que se lleven los cerebros más dotados
a sus propios centros de comando y control. El resultado es
una maquilización de la producción cultural:
se controla el proceso de producción desde fuera, abaratando
así el trabajo cultural en las localidades. Esto se
evidencia en los nuevos medios, sobre todo Internet, donde
la capacidad de contratar la creación de contenidos
a escala global ha crecido vertiginosamente.
Una de las grandes contradicciones de la
globalización es la concentración en las ciudades
globales de la clase profesional-gerencial y de grandes masas
de obreros redundantes, sobre todo migrantes del tercer mundo,
e inclusive la periferia del tercer mundo (v.gr., Bolivia)
en las metrópolis latinoamericanas (v.gr., Buenos Aires).
La presencia de una masa crítica de gerentes y productores
culturales requiere de una mano de obra barata para asegurar
una alta calidad de vida. Esto implica no sólo los
servicios públicos–buena infraestructura de transporte
y recreo, policía, salud, etc. —sino y sobre
todo el entretenimiento y todo tipo de servicios. Quienes
proporcionan la “calidad de vida” son los sectores
subalternos. No sólo son los “cerebros”
los que migran a las capitales culturales. Debido a la demanda
de trabajo “no calificado,” también hay
grandes migraciones de los que trabajan en los servicios personales,
domésticos y “culturales” en el sentido
informal (vendedores ambulantes que proporcionan “color
local,” prostitutas, etc.). Como los turistas que viajan
a las selvas, a pueblos indígenas, e inclusive a las
villas miseria, los “talentos innovadores” también
necesitan satisfacer su deseo de compra y venta de experiencias
humanas. Las ciudades aguijonean y satisfacen este deseo convirtiéndose
ellas mismas en parques temáticos, pero también
en “proyectos de desarrollo de común interés,
centros de entretenimiento, centros comerciales, turismo global,
moda, cocina, deportes profesionales, cine, televisión,
los mundos virtuales y otras experiencias simuladas,”
pero no por ello falsas. Estas experiencias “representan
la nueva fase de desarrollo capitalista” (Rifkin,2000:
29 y 265), e involucran a sectores subordinados y subalternos
que trabajan, a menudo en el sector informal, produciendo
el “tejido social de bares, restaurantes, encuentros
en la calle, etc.” -que al decir de Castells-, “da
vida [a las ciudades]” (2000,12).
El deseo global de los cultural studies
Los estudios culturales no se escapan a
esta dinámica del valor de la diferencia en relación
al entorno hegemónico. Es decir, el proceso mediante
el cual se valoriza la diferencia cultural e inclusive oposicional,
es necesario para el proceso hegemónico. Por
tanto, un ensayo sobre nueva división del internacional
del trabajo cultural no sería completo si no tratara
del contexto en que se institucionalizan las organizaciones
de Cultural Studies en el Norte, que a su vez buscan la participación
de sus “pares” en el Sur. ¿Qué motiva
esta búsqueda de “pares” en una región
donde no existió una tradición de crítica
cultural denominada “estudios culturales”? ¿Y
qué conduce a los autores de esta colección
de ensayos sobre cultura y poder, editada por Daniel Mato,
a preocuparse tanto por construir esta tradición intelectual?
Además de responder al llamado de Mato, creo que se
busca reivindicar a los estudios culturales latinoamericanos
ante un mercado (el estadounidense) que los ha ignorado y
que amenaza monopolizar la selección de lo que se leerá
(i.e., distribuirá) en este campo. Además, muchos
latinoamericanos se encuentran interpelados por académicos
estadounidenses, y en menor escala, por europeos, a representar
sus tradiciones intelectuales en las instituciones, revistas
y otras publicaciones del “norte,” y en la gran
mayoría de los casos, en inglés. Se abre a partir
de esta interpelación una incómoda interrogante.
¿Por qué son ellos (y desde luego no
nosotros) los que dirigen este proceso de selección?
Y ¿de dónde surge el deseo de que participen
los latinoamericanos, junto a asiáticos, africanos,
árabes, y “otros”? ¿Qué se
gana o pierde con la participación en estos foros?
La experiencia de haber organizado con la
colaboración de García Canclini el encuentro
en México en 1993, para el cual escribí la primera
versión de este ensayo, me hizo darme cuenta de lo
que estaba en juego. Yo me imaginaba como un intermediario
que haría posible la entrada de nuevas voces latinoamericanas
en los debates intelectuales estadounidenses. También
quise contribuir al conocimiento de los debates minoritarios
estadounidenses (chicanos, nuyorriqueños) entre intelectuales
latinoamericanos. Podría decirse que el papel de intermediario
aumentaba mi legitimidad en ambos escenarios, entregando “estrellas”
prestigiosas por una parte y “subalternos” por
otra. No hay que pensar que entre aquellos predominaran los
estadounidenses y entre estos los latinoamericanos. Más
bien se me imponía un equilibro, pues para los socios
latinoamericanos interesaban más las figuras que ya
habían logrado reconocimiento, y para algunos estadounidenses
y para las fundaciones que financiaron el encuentro se concebía
que el cambio social provendría de la interacción
de “subalternos” de Norte y Sur.
Hago referencia a mi experiencia de intermediario
para contextualizar la participación de Mato en el
III Congreso de Crossroads in Cultural Studies (Birmingham,
UK, junio de 2000), en el cual se presentaron las primeras
versiones de algunos de los trabajos incluidos en esta colección,
así como su propia conferencia magistral. Se le invitó
por la calidad (y cantidad) de sus estudios sobre cultura
y globalización, como también porque ya tenía
trayectoria visible en varios foros y publicaciones en inglés.
Creo, además, que fue invitado para “escenificar”
cierta diferencia. Es decir, para representar qué se
hace en el sur que es diferente y que debiera interesar en
ese foro norteño. Este es uno de los imperativos performativos
de la política progresista estadounidense (y que se
extiende a los otros contextos anglófonos en lo que
respecta a los Cultural Studies). De hecho, los preparativos
del congreso en Birmingham fueron marcados por una acuciante
polémica entre los integrantes de las juntas editoriales
de tres revistas que procuran representar los Cultural Studies
en un contexto si no mundial, al menos transatlántico:
la International Journal of Cultural Studies, la
European Journal of Cultural Studies, y
Cultural Studies. El meollo del debate consistió
en la representación que se estaba negociando para
la nueva institución ?la Asociación Internacional
de Estudios Culturales? y cuya organización está
actualmente en marcha por mandato de esa reunión en
Brimingham.
Dejando de lado los buenos argumentos para
instituirla, la polémica se centró en la limitación
de sus órganos de difusión a un idioma: el inglés.
Larry Grossberg, editor de Cultural Studies criticó
la “soberbia de tantas instituciones académicas
occidentales” y el menosprecio que esta restricción
implicaba respecto a otros idiomas, inclusive los que, como
el francés, habían contribuido a la formación
de los Cultural Studies. Mato mismo criticó el anglocentrismo
de estas instituciones, observando que la mayoría de
las publicaciones que utilizan la expresión “estudios
culturales latinoamericanos” se editan en Inglaterra
o Estados Unidos. Podría objetarse que en un mundo
globalizado exigir que el conocimiento se produzca localmente
es recurrir al esencialismo. Pero las organizaciones transnacionales,
como los conglomerados de entretenimiento, necesitan que se
produzcan conocimientos o contenidos locales que luego produzcan
rentabilidad (económica o intelectual) en la distribución
diferencial. La insistencia de algunos en el uso exclusivo
del inglés constituye de facto el
instrumento que asegura el control de la distribución,
pues se tiene control sobre lo que tiene que ser traducido.
Esta polémica en torno al idioma oficial de la revista
propuesta para la Asociación fue embarazosa para los
que adoptaron la postura anglocéntrica, y es por eso,
en parte, que se invitó a representantes de las dos
regiones geopolíticas más importantes (en términos
de receptividad y expansión de la membresía)
después del norte atlántico: Kuan Hsing Chen,
de Taiwan (y por extensión, Asia) y Mato, de Venezuela
(y por extensión, América Latina).
Mato contrastó los estudios en
cultura y poder, característicos según
él de los contextos latinoamericanos, a los Cultural
Studies angloamericanos, institucionalizados e integrados
al mercado, y por tanto, según él, con menor
capacidad de intervenir en las relaciones de poder. Hizo hincapié
en el trabajo de Paulo Freire y Orlando Fals Borda, señalando
que establecieron las “indispensables referencias epistemológicas,
éticas y políticas” de una tradición
autónoma de crítica a los modos en que las relaciones
de poder conforman procesos culturales, y que sirvieron de
base para los estudios actuales. De Fals Borda, Mato enfatizó
la “investigación?acción participativa”
y el compromiso político en beneficio de los sectores
populares. La premisa fundamental de esta metodología
es que cada miembro de una comunidad “tiene autoconocimiento
que tiene que ser un factor clave en el diseño de la
investigación y la acción política”
(Mato,2000:15). Esta es una perspectiva que Mato procura promover
en los foros en que se mueve: esta colección de ensayos;
el Grupo de Trabajo Cultura y Transformaciones Sociales en
Tiempos de Globalización que coordina para CLACSO y
que cuenta con la participación de más de veinte
investigadores; la sección Cultura, Política
y Poder de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA) que también dirige; y un programa internacional
de becas, co-financiado por la Fundación Rockefeller
y la Universidad Central de Venezuela, para estudiar globalización,
representaciones sociales y transformaciones sociales, que
también dirige.
Pero más interesante que esta premisa,
me parece el papel de intermediario que ensaya Mato. Un broker
tiene que pisar terrenos muy resbaladizos, negociar con instancias
locales, nacionales, internacionales, transnacionales y globales
(6). Tiene que conocer los protocolos y manejarse ante una
gran variedad de actores institucionales y políticos.
Acaso el trabajo donde Mato mejor muestra el conocimiento
de esta actividad y también representa su propia intervención
en ella es el que escribió sobre el programa Cultura
y Desarrollo del Festival of American Folklife de 1994, de
la Institución Smithsonian, organizado por la Smithsonian
y la Inter-American Foundation y que involucró la participación
de 14 de pueblos indígenas dedicadas a establecer los
derechos políticos y territoriales colectivos de sus
pueblos, etnoturismo, etnoagricultura, artesanías,
educación y comunicaciones (Mato,2000b).
La descripción que hace Mato en este
estudio de caso de las relaciones entre actores globales (representantes
de la Smithsonian y la Fundación Interamericana) y
subalternos (representantes de asociaciones indígenas)
me parece del todo aplicable a su representación, en
Birmingham, de los estudios latinoamericanos en cultura y
poder. Cuando en el estudio de la Smithsonian él menciona
actores globales piénsese en los organizadores del
congreso y de la Asociación Internacional de Estudios
Culturales. Mato escribe sobre las negociaciones entre los
deseos y las acciones de los organizadores y las reacciones
de los interpelados, atraídos por la necesidad de participar
en redes transnacionales que les permitan adelantar en sus
luchas. También observa cómo esta participación
afecta sus propias representaciones y las agendas políticas
asociadas. Pero además también apunta que según
los casos, esta participación en foros y redes transnacionales
puede implicar rechazo o resistencia, negociación o
apropiación creativa. (Mato,2000b:355).
Antonelli (2000:16) capta bien el anhelo
de Mato de informar a los agentes locales que, desde posiciones
asimétricas y desiguales, intervienen en la arena de
lucha y/o las negociaciones transnacionales. Se trataría
de una relevante inversión: hacer visibles las dinámicas
de los poderes desde y para las resistencias. Se encuentra
aquí una lección valiosa, que yo mismo he intentado
comunicar en este ensayo. Hay que arriesgarse a intervenir
en los escenarios de interlocución a pesar
de las estrategias de absorción que establecen los
agentes hegemónicos. Es esta la labor del broker
hábil y que no todo actor posee, a pesar de la perspectiva
falsbordiana de que es necesario proceder teniendo en cuenta
los conocimientos que los subalternos poseen. Me parece que
siempre hay alguien que “tiene en cuenta”, y es
ese actor el que he tratado de protagonizar aquí. Los
estudios latinoamericanos en cultura y poder necesitan investigadores
que estudien con los subalternos, pero también
a los que sepan manejarse en esta diversidad de situaciones
harto complejas.
NOTAS
(*) George Yúdice (gy2@nyu.edu).
New York University, 2002. Ph.D. 1977 (Idiomas romance), Princeton;
M.A. 1971 (Español y Portugués), Illinois; B.A.
1970 (Español y química), Hunter College. Profesor
titular en el American Studies Program y el Departamento de
Español y Portugués de NYU. Director del Centro
de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Director del Privatization
of Culture Project, centro de investigación de Políticas
Culturales del Programa de Estudios Americanos (NYU), y director
de la Red Interamericana de Estudios Culturales. Sus numerosos
ensayos, artículos y publicaciones versan sobre industrias
culturales en América Latina, aspectos económicos
de la cultura relacionados con los temas de globalización,
políticas e identidades culturales y estudios comparativos
de raza y etnicidad. Es autor de We Are Not the World:
Identity and Representation in an Age of Global Restructuring,
y Literatura y valor: A partir de la postmodernidad
(ambos por publicar); El recurso de la cultura. Usos
de la cultura en la era global; Cultural Policy (en co
autoría con Toby Miller), Vicente Huidobro y la
motivación del lenguaje poético, y ha compilado
On Edge: The Crisis of Contemporary Latin American Culture.
(1) Extraído de Estudios
y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en
Cultura y Poder, Daniel Mato (coord.), Caracas, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES,
Universidad Central de Venezuela.
Este ensayo es una versión revisada de un trabajo que
presenté en el Primer Encuentro de la Red Interamericana
de Estudios Culturales en la Ciudad de México en 1993
(Yúdice,1993). Esta nueva versión marca los
cambios en las estrategias políticas e institucionales
de los estudios culturales, tanto en América Latina
como en Estados Unidos. Como participante en el transcurso
de los estudios culturales en ambos contextos, procuro señalar
los cambios en mis propios presupuestos y referencias analíticas:
el desplazamiento de la impronta gramsciana de los Cultural
Studies angloamericanos, que perciben mayor capacidad de acción
[agency] en los conflictos culturales, hacia los dispositivos
de gestión y administración cultural, característicos
del apogeo neoliberal; la concomitante gubernamentalización
(adquisición de capacidad de acción y simultánea
absorción o cooptación) de los movimientos sociales;
la disminución de la efectividad de la lucha por los
derechos en ese mismo contexto; el paso de la creencia que
el reconocimiento de la diferencia cultural facilita acceso
público y ciudadano a la suspicacia de que el multiculturalismo
neoliberal la vuelve rentable en el consumismo; el auge y
debilitamiento de las estrategias mediáticas de movimientos
sociales como los piqueteros argentinos o el Movimento dos
Sem Terra; la pérdida de confianza en que la cultura
pueda liderar los procesos de reconstrucción a partir
de los atentados del 11 de septiembre y el aparatoso hundimiento
de la Argentina a fines de 2001 y comienzos de 2002. Algunas
reacciones al borrador de esta segunda versión señalaron
el escepticismo de mi postura ante lo que el trabajo cultural
pueda lograr; pero este escepticismo no implica el abandono
de proyectos progresistas o radicales. Sólo apunta
a las circunstancias en las que se hace necesario rearticular
esos proyectos para hacerlos más factibles, sabiendo
que la viabilidad siempre debe exponerse a la crítica.
(2) Este artículo constituye una versión
revisada del texto presentado en la 3ra Reunión del
Grupo de Trabajo de CLACSO "Cultura y Poder", posteriormente
publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados
– RELEA N° 14.
(3) Alejandro Grimson puntualiza que muchos
movimientos sociales actúan no sólo en términos
de derechos civiles, por tanto no siguiendo el ejemplo de
los EU sesentistas.
(4) Algunos lectores del borrador de esa
segunda versión de este ensayo objetaron mis breves
referencias históricas a los movimientos de derechos
civiles den prioridad a la experiencia de los afro-americanos.
Desde luego, las luchas por los derechos civiles de chicanos
y de inmigrantes mexicanos se remontan a los 1940s y aun antes
(McWilliams 1939; 1942; 1943; 1948). Pero estas luchas no
captaron el imaginario nacional de la misma manera que las
afro-americanas. Lo que quiero dejar sentado aquí no
es que muchos grupos fueran discriminados o que se movilizaran,
sino la idea de que a partir de la experiencia de uno de esos
grupos se proyectó un modelo de transformación
social (McAdam,1994), que bien o mal, dio impulso a las leyes
legisladas en los 1960s y las medidas para prevenir los motines
urbanos, que tuvieron como referente principal a los afro-americanos.
Reconocer esto no es desdeñar los movimientos de chicanos,
puertorriqueños u homosexuales, sino entender que las
luchas afro-americanas establecieron precedentes que facilitaron
otras luchas a la vez que legaron un patrón analítico
y justiciable que no necesariamente ha reconocido adecuadamente
las significantes diferencias de estos otros grupos.
(5) Warner usa la etiqueta autodescriptiva
“queer” blandida por homosexuales y lesbianas
que asumen su no normatividad contra el statu quo. Gay no
tiene esa implicancia, y de hecho, cuando se habla de matrimonio
gay o de consumismo gay se echa de ver que esa forma de homosexualidad
se acomoda a las normas vigentes.
(6) José Manuel Valenzuela argumenta
en un comentario al borrador de esta segunda versión
de este ensayo que si bien la figura del broker caracteriza
el momento de principios de los 1990s, hoy en día impera
la institucionalización, que se verificaría
en la iniciativa de constituir una Asociación Internacional
de Estudios Culturales, así como las iniciativas emprendidas
por Mato, u otras en que yo mismo participo: la Asociación
Internacional Arte Sem Fronteiras, que generó una Convocatoria
a los Estados Generales de la Cultura en América Latina,
y las exploraciones de ampliación de la colaboración
internacional del Fideicomiso Para la Cultura México-Estados
Unidos. Los dos momentos -principios de los 90s y comienzo
del siglo XXI- de hecho tienen una fuerte diferencia política,
tanto nacional como internacionalmente, pero siguen teniendo
importancia tanto los brokers como los esfuerzos institucionalizantes.
No creo que estos últimos puedan darse sin la acción
de los intermediarios. Ahora bien, una de las preguntas que
debe hacerse respecto a los brokers es si disponen de suficiente
representatividad en las instituciones que emergen. Mi interpretación
de los conflictos en la iniciativa de crear una Asociación
Internacional de Estudios Culturales, que llevó a los
dirigentes a invitar a un asiático y a un latinoamericano
a dar conferencias magistrales, demuestra que hay una necesidad
de intermediarios para negociar la inclusión de periferias
y marginalidades. Se trata de instituciones que aspiran a
ser representativas en tanto esta en juego su legitimidad,
pero que de hecho no son representativas. De ahí la
necesidad de brokers que, en el mejor de los casos, ayuden
a suplir esa falta, o que en el pero, se pongan a sí
mismos en el lugar de los ausentes. Desde luego, Mato representa
una de las prácticas más consecuentes y éticas
en lo que a esto respecta.
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