La paz perpetua
Por Immanuel Kant (*)
Traducción Susana Aguiar

 

Con respecto al desacuerdo existente entre la moral y la política acerca de la Paz Perpetua

La moral es una práctica, en sentido objetivo; es el conjunto de leyes, obligatorias y sin condición, de acuerdo con las cuales debemos proceder.

Pues, habiendo acordado al concepto del deber su autoridad total, resulta manifiestamente ilógico decir luego que no "puede" hacerse lo que él manda.

Efectivamente, el concepto del deber se derrumbaría por sí solo, ya que ninguno está forzado a lo imposible. Por lo tanto, no puede haber disputa entre la política, como aplicación de la doctrina del derecho, y la moral, que es la teoría de esa doctrina; no puede haber disputa entre la práctica y la teoría.

A no ser que por moral se considere una doctrina general de la prudencia, es decir, una teoría de las máximas convenientes para discernir los medios más adecuados de efectuar cada cual sus fines interesados, lo cual equivaldría a la negación de toda moralidad.

La política dice: "Sed astutos como la serpiente". La moral agrega esta condición limitativa: "Y cándidos como la inocente paloma".

Si ambas proposiciones no pudieren entrar en un mismo precepto, existiría en realidad una contradicción entre la política y la moral; mas si las dos tienen que ir completamente unidas, será absurdo el concepto de la oposición, y la cuestión de cómo ha de solucionarse el conflicto, ni podrá siquiera enunciarse como problema.

La proposición siguiente: "La mejor política es la honradez", es una teoría mil veces desmentida por la práctica. Mas esta otra proposición, también teórica: "La honradez vale más que toda política" , está infinitamente por encima de cualquier objeción y aun es la imprescindible condición de aquélla.

El dios-término de la moral no se inclina ante Júpiter, que es el dios-término de la fuerza. Júpiter se halla sometido al Destino, o sea, la razón no tiene penetración suficiente como para conocer absolutamente la serie de causas que son antecedentes y determinantes, que podrían permitir una previsión segura del éxito favorable o contrario que ha de rematar las acciones u omisiones de los hombres, según el mecanismo de la Naturaleza.

La razón puede esperar y desear obtener tal conocimiento total, pero no lo logra. Por el contrario, lo que se deba hacer para mantenerse en la línea recta del deber, por normas de la sabiduría, la razón lo sabe perfectamente y lo dice con claridad y hasta lo mantiene como propósito fundamental de la vida.

El propósito práctico, para el que la moral es una teoría simple, nos arrebata con crueldad toda esperanza capaz de animarnos, sin perjuicio de aceptar que se debe y se puede efectuar. Se basa para ello, en la afirmación de que la naturaleza humana tiene características tales, que el hombre jamás deseará poner los medios necesarios para obtener el propósito de la paz perpetua.

No es suficiente para ello que la voluntad de todos los hombres esté a favor de una constitución legal, según los principios de libertad; no es suficiente la unidad “distributiva” de la voluntad de todos. Se necesita también para resolver un problema tan difícil, la unidad “colectiva” de la voluntad general. Hace falta que todos, en conjunto, deseen tal estado, para instituir la total unidad de la sociedad civil. Por ello y por sobre las diferentes voluntades particulares de todos es preciso, además, una causa que las acerque y una que constituya la voluntad general. Esa causa unitaria no puede ser ninguna de las voluntades particulares. De ahí surge que, para ejecutar tal idea, el estado legal comenzará por utilizar métodos violentos y con esa coacción organizará luego el derecho público.

Por otra parte, no se puede contar con la conciencia moral del legislador y creer, como éste, luego de haber reunido dentro de un pueblo a la horda salvaje, que va a dejarle el cuidado de instituir una constitución jurídica de acuerdo con la voluntad común. Todo esto nos permite augurar con seguridad que, entre la idea o teoría de la realidad o experiencia, habrá marcadas diferencias.

Pero el hombre práctico sigue afirmando: quien tiene el poder en sus manos, no permitirá que el pueblo le imponga leyes. Un Estado que llegó a establecerse independiente de toda ley externa no se cometerá a un juez ajeno, cuando se trate de definir su derecho ante los demás Estados. Y si una parte del mundo se considera más fuerte que otra, aunque la segunda no sea su adversaria ni interponga inconvenientes a su existencia, la primera continuará reforzando su poder a costa de la segunda, mediante el expolio o la dominación.

Todo plan inventado por la teoría en por de intuir un derecho político, de gentes o de ciudadanía mundial, se evapora en ideales huecos. En cambio la práctica, basada en principios empíricos de la naturaleza humana, no se siente disminuida ni humillada, si busca enseñanzas con sus máximas en el estudio de lo que acontece en el mundo, y sólo así puede llegar a afirmar los cimientos sólidos de la prudencia política.

Es seguro que, si no hay libertad ni ley moral basada en la libertad; si todo cuanto ocurre o puede ocurrir es mero mecanismo natural, entonces la pol´ñitica (arte de emplear ese mecanismo como instrumento para regir a los hombres) es la única sabiduría práctica, y el concepto del derecho es un pensamiento nulo.

Pero si se cree que es absolutamente forzoso juntar el concepto del derecho a la política, y hasta elevarlo a la altura de condición limitativa de la política, entonces es necesario aceptar la existencia de una armonía posible entre dos esferas. Pues bien; yo concibo un político moral, es decir, uno que tenga en cuenta los principios de la prudencia política como compatibles con la moral; mas no puedo concebir un moralista político, es decir, uno que se forje una moral aplicable a un fin especial, una moral favorable a las conveniencias del hombre de Estado.

Esta es la máxima esencial que deberá orientar al político moral: si en la constitución del Estado, hay vicios que no pudieron evitarse, es obligatorio, en especial para los gobernantes, remediarlos tan pronto como sea posible y hacerlo según el derecho natural, tal como la idea de la razón lo presenta ante nuestros ojos; el político deberá hacerlo, aunque para ello tenga que vencer su egoísmo.
Cortar los vínculos políticos que consagran la unión de un Estado o de la Humanidad antes de tener lista una constitución mejor que reemplace a la anterior, equivaldría a ir contra la prudencia política, que en este caso está de acuerdo con la moral.

Es preciso, por lo menos, que los dirigentes tengan siempre presente la máxima que justifica y hace necesaria la alteración referida; el Gobierno debe aproximarse, en la medida de lo posible, a su fin último, o sea, la mejor constitución de acuerdo con las leyes jurídicas. Esto debe y puede exigirse a la política.

Un Estado puede gobernarse como república aunque la constitución vigente siga siendo despótica, hasta que gradualmente el pueblo alcance la capacidad de sentir la acción de la simple idea de autoridad legal, como si ella tuviera vigor físico, y fuera capaz de darse las propias leyes, basadas en la idea del derecho.
Si un movimiento revolucionario, nacido de una constitución mala, logra por vías ilegales instaurar otra más acorde con el derecho, ya no se podrá permitir a ninguno retrotraer al pueblo a la constitución anterior; pero mientras estaba vigente la primera, era legítimo aplicar a los que, por violencia o astucia, alteraban el orden, las penas impuestas a los rebeldes.

En lo que atañe a la relación con otras naciones, no puede pedirse a un Estado que abandone su constitución, aunque ésta sea despótica (pero resulta sin duda más vigorosa para luchar en contra de adversarios externos), en tanto lo amenaza el peligro de ser conquistado por otro Estados. En casos similares, se permite el aplazamiento de las reformas hasta una ocasión más favorable [1].

Es factible que los moralistas, al realizar sus ideales, se equivoquen y se hagan déspotas, que cometan múltiples pecados contra la prudencia política, adoptando o defendiendo precipitadas medidas de gobierno. La experiencia rectificará esas ofensas hechas a la Naturaleza y las enviará hacia cauces correctos. Por el contrario, los políticos que constituyen una moral para excusar los principios de gobierno más contrario al derecho, los políticos que afirman que la naturaleza del hombre es incapaz de concretar el bien indicado por la idea de la razón, son los que verdaderamente hacen perdurable el insulto a la equidad e imposibilitan todo adelanto y mejora.

Esos políticos hábiles sienten orgullo de contar con una ciencia práctica. No obstante, lo que tienen es una técnica de negocios y, disponiendo del poder que domina momentáneamente, están dispuestos a recordar su propio beneficio y a sacrificar al pueblo, a todo el mundo, de ser posible.

Se comportan como verdaderos juristas (juristas de oficio, no legisladores) cuando se ven elevados a políticos. Su ocupación no es la de pensar sobre legislación, sino la de cumplir los actuales mandatos de la ley. Toda constitución les parece perfecta; y si ésta fuera cambiada en los círculos superiores de la corte, el nuevo estatuto les parecerá el mejor del mundo. Todo funciona según el orden mecánico correspondiente al caso. Pero si esa adaptación fácil a todas las ocasiones les inspira la vanidosa pretensión a todas las ocasiones les inspira la vanidosa pretensión a todas las ocasiones de poder juzgar los principios jurídicos de una constitución política en general, según el concepto del derecho –a priori, pues, y no por experiencia-; si se creen lo bastante capaces de conocer a los hombres –cosa que no es rara, ya que diariamente tratan con muchos- mas no conociendo al hombre ni sabiendo de lo que es capaz, pues tal conocimiento requiere de una gran observación antropológica; si provistos de esos pobres conceptos se acercan al derecho político y de gente para investigar lo que prescribe la razón, lo harán ciertamente con su disminuido espíritu de leguleyos, continuando la rutina de su modo de obrar: el de un mecanismo de leyes coactivas y despóticas.

Lejos de eso, los conceptos de la razón requieren una potestad legal, fundamentada en los principios de la libertad, únicos capaces de instituir una constitución jurídica acorde con el derecho. El hábil político cree poder resolver el problema de una buena constitución, dejando de lado la idea, recurriendo a la experiencia y viendo cómo estaban dispuestas las constituciones que hasta hoy mejor se conservaron, a pesar de que la mayoría era o es contraria al derecho. Los principios que practica –si bien sin ponerlo de manifiesto- dicen poco más o menos lo que contienen las máximas sofísticas siguientes:

Haz y justifica

Aprovecha la ocasión favorable para apropiarte con violencia de un derecho del Estado sobre el pueblo o sobre otros pueblos que te rodean. Luego, será mucho más fácil y suave la legitimación del hecho: la fuerza se justificará sobre todo en el primer caso, cuando la potestad interna es a la vez autoridad legisladora a quien hay que aceptar sin disputa. Es más conveniente hacerlo de este modo que empezar a buscar razones convincentes y discutir las objeciones contra ellas. Esta misma audacia parece, en cierto modo, nacida de una convicción interna de la legitimidad del acto, y el dios del Éxito será luego del mejor abogado.

Si lo hiciste, niégalo

Niega los vicios de tu Gobierno, que tuvieron su principio, por ejemplo, en la desesperación y la revuelta del pueblo. Niega tu culpabilidad, jura que se trata de una resistencia o desobediencia de tus súbditos. Si te apropiaste de un Estado vecino, culpa a la naturaleza humana que, si no se adelanta a la agresión del otro, puede estar segura de que forzosamente morirá.

Divide y reinarás

Es decir, su en tu Estado hay algunas personas privilegiadas que te hayan elegido como jefe, trata de separarlas y enemistarlas con la población. Luego ponte de lado del pueblo para que crea que puede esperar mayor libertad. De este modo, conseguirás que crean que pueden esperar mayor libertad. De ese modo, conseguirás obediencia absoluta a tu Voluntad. Si se trata de Estados extranjeros, existe una manera bastante segura de reducirlos a tu dominio, y es hacerles poner entre ellos en desacuerdo y aparentar que defiendes al más débil.

En realidad, estas máximas tan conocidas por todo el mundo, no convencen a nadie. Tampoco es el caso de avergonzarse de ellas, como si su injusticia fuera evidente a los ojos de todos. Las naciones grandes nunca se avergüenzan por los juicios que haga la masa sino por los que hacen unas de otras. Pero en lo atinente a estas máximas, lo que puede avergonzar a un Estado no es la publicidad, sino el fracaso de las estratagemas. Siempre queda intacta la honra política del Poder por el medio que fuere [2].

De todas estas palabras vanas creadas por una doctrina inmoral de la habilidad, que se propone por tales medios sacar al hombre de la guerra implícita en el estado de naturaleza para conducirlo al estado de paz, se deduce al menos lo siguiente: los hombres no pueden evitar el concepto del derecho, tanto en sus relaciones particulares como en las públicas. No se atreven a cambiar de manera evidente la política en simples medidas de habilidad, no osan desobedecer el concepto de un derecho público. Esto es evidente, en particular dentro del derecho de gentes: otorgan a la idea del derecho todos los elogios que convienen, sin dejar por eso de inventar mil formas para evitarlo en la práctica y dar a la fuerza ya la astucia la autoridad y supremacía, principio y lado común de todo derecho.

Para terminar con tanto sofisma, aunque no con la iniquidad que se ampara dentro del sofisma; para obligar a los seudo representantes de los poderosos del mundo a confesar que lo que defienden no es el derecho, sino la fuerza, cuyo tono y forma adoptan, como si fueran ellos quienes mandan; para concluir con todo esto, convendrá descubrir el artificio con que engañan a los demás ya sí mismos, y expresar claramente cuál es el principio supremo en que se basa la idea de la paz perpetua. Demostraremos que todos los inconvenientes contrarios a la paz perpetua provienen de que el moralista político comienza donde el político moral concluye; el moralista político somete los principios al objeto que se propone –como quien coloca los caballos detrás del carro- y por lo tanto, hace vanos e inútiles sus propósitos de poner de acuerdo la política con la moral.

Para poner de acuerdo la filosofía práctica consigo misma, es preciso resolver primero la siguiente cuestión: en los problemas de la razón práctica, ¿se debe empezar por el principio material, es decir, por el fin u objeto de la voluntad, o bien por el formal principio, esto es, por el principio fundamentado en la libertad, en relación externa, que dice así: "Procede de manera que puedas desear que tu máxima se deba transformar en ley universal, sea cualquiera el fin que te propongas"?

Indudablemente, este último principio debe anteceder al otro; es un principio de derecho y, por lo tanto, tiene una total necesidad incondicional. En cambio, el otro no es obligatorio sino cuando se admiten las condiciones prácticas del objeto propuesto, es decir, de la realización. Aunque este objeto fuese un deber, como lo es la paz perpetua, debería ser deducido del principio del moralista político -el problema del derecho político, del derecho de gentes y del derecho de ciudadanía mundial-; es simplemente un problema técnico. En cambio, el del político moral es un problema moral, y tan diferente en el procedimiento respecto del primero, que la paz perpetua no es aquí tan sólo un bien físico sino un estado imperativamente requerido por la conciencia moral.

La solución del problema técnico o de la habilidad política requiere mucho onocimiento de la Naturaleza; el gobernante empleará el mecanismo de las fuerzas, en beneficio del objeto que se propone. No obstante, esa ciencia es incierta, insegura, en cuanto al objeto anhelado: la paz perpetua, en las tres ramas del derecho público. ¿Cómo se puede conservar durante mucho tiempo la obediencia, la paz interna en un pueblo y simultáneamente fomentar sus fuerzas creadoras? ¿Mediante la exigencia rígida o los regalos de la vanidad? ¿Es un sistema monárquico o aristocrático? ¿Dando el Poder a una nobleza de empleados? ¿Gobernando según la voluntad del pueblo?

La historia concede los más antitéticos regímenes políticos, excluyendo, no obstante, el régimen republicano verdadero, que no puede concebirse hoy sino por un político moral. Si pasamos al derecho de gentes, vemos que el que hoy lleva ese nombre, se basa en los estatutos elaborados por los ministros y es, en realidad, una palabra carente de contenido, se basa en tratados que, en el mismo acto de ser firmados, han sido violados.

Por el contrario, la solución del problema moral, que podríamos denominar problema de la sabiduría política, por oposición a la habilidad política, se impone manifiestamente, por así decirlo, al entero. Frente a ella, las fantasías sofistas hacen silencio. Va directamente a su objeto. Alcanza con mantener la prudencia necesaria e ir acercándose lentamente al objeto deseado, sin interrupción y aprovechando las situaciones favorables.

Dice así: "Ante todo es necesario acercarse al ideal de la razón práctica y su justicia; y el objeto que se proponga –la paz perpetua- llegará a las manos". La moral tiene de característico, sobre todo en lo concerniente a los principios del derecho público, y por lo tanto, referente a una política cognoscible a priori, que cuando menos somete la conducta a los propósitos y al beneficio deseado, físico o moral, no obstante se acomoda a ese fin y lo beneficia. Esto ocurre porque la voluntad universal, dada a priori en un pueblo o en las relaciones entre diversos pueblos, es la única que determina lo que es legal entre los hombres; esta unidad de las voluntades, si sigue una conducta consecuente con la realización, además puede ser la causa mecánica natural, determinante de los efectos mejor encauzados para dar eficacia al concepto del derecho.
Se trata entonces de un principio de política moral que un pueblo, cuando pasa a ser un Estado, debe hacerlo de acuerdo con los conceptos jurídicos de libertad e igualdad. Tal principio no se funda en prudencia o habilidades, sino en el deber moral.

Los moralistas políticos pueden decir cuanto quieran sobre el mecanismo natural de las masas populares y sostener que los principios naufragan y se evaporan los propósitos en el momento de ser puestos en ejecución. Pueden hablar sobre casos de constituciones malas, de épocas pasadas y actuales, por ejemplo de democracias sin sistema representativo, para dar autoridad a sus aseveraciones. No merecen que se les preste atención. Sus teorías causan precisamente los males que ellos indican, rebajan a los hombres al nivel de los demás animales hasta ponerlos en situación de ser considerados como máquinas vivientes para las cuales la conciencia es una tortura más, porque al saber que son esclavos se juzgan a sí mismos como las criaturas más desgraciadas del universo.

Existe un dicho que, si bien suena fanfarrón, es proverbialmente verdadero: Fiat justitia, pereat mundus, que puede traducirse como: que reine la equidad aunque mueran los bandidos existentes en el universo.

Es un valiente principio del derecho, que libera a todo sendero tortuoso, de asechanzas y violencias. Sin embargo, es necesario comprender su verdadero sentido: no hay que considerarlo como un salvoconducto que se nos concede para usar nuestro propio derecho con el mayor rigor (lo cual sería contrario al deber moral), sino como la obligación que tiene el que gobierna de no negar ni disminuir el derecho de nadie, por antipatía o compasión. Es necesario para ello la existencia de una constitución interna del Estado, que se adecue a los principios del derecho y también un estatuto que una a las naciones cercanas o distantes en un vínculo similar al del Estado y cuya misión sea resolver los problemas internacionales.

Ese dicho proverbial significa, entonces, que las máximas políticas no deben basarse en la perspectiva de felicidad y suerte que el Estado espera conseguir de su aplicación; no deben basarse en el fin que el gobierno se proponga, no deben basarse en la voluntad, juzgada como principio supremo, si bien empírico, de la política. Por el contrario deben partir del concepto estricto del derecho, de la idea moral del deber, cuya base, a priori, da la razón pura, cualesquiera que sean las consecuencias físicas que se originen.

El mundo no morirá porque haya menos canallas. Éste tiene como virtud natural la de autodestruirse y terminar con sus propios fines, sobre todo en su relación con otros canallas, y aunque vaya lentamente, abre camino al principio moral del bien.

Objetivamente no existe, por lo tanto, y en teoría, ninguna oposición entre la moral y la política. Pero sí existe, subjetivamente, por la inclinación egoísta de los hombres. Ésta no proviene de las máximas de razón y no puede denominarse práctica. Tal oposición puede durar siempre, porque sirve de estímulo a la virtud cuyo valor real, en este caso, no sólo consiste en soportar con firmeza los perjuicios y sacrificios consiguientes, sino también en conocer y dominar el mal principio presente en nosotros, y que es sumamente arriesgado porque nos engaña y traiciona, como reflejo de los sofismas que toleran la violencia y la ilegalidad con el pretexto de la existencia de las flaquezas humanas.

En realidad, el moralista político puede afirmar: el gobernante y el pueblo o un pueblo y otro, no son injustos entre sí si se hostilizan por violencia o por astucia; la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua.

Efectivamente, uno falta al deber con respecto al otro; pero este otro, simultáneamente, está animado de los mismos propósitos hacia el primero. De ahí que, si se perjudican uno al otro, sea justo que los dos se destruyan. No obstante, la destrucción no es tanta que no queden siempre algunos, los suficientes como para que el juego siga y se eternice, dejando a la posteridad un ejemplo instructivo.

La providencia en la existencia de la tierra queda aquí justificada; pues el principio moral es en el hombre, una luz inextinguible y la razón aplicada en la práctica a ejecutar la idea del derecho, de acuerdo con el principio moral, crece incesantemente al ritmo de la cultura progresiva, con lo cual, al mismo tiempo, crece la culpabilidad de quienes realizan esas violaciones.

Lo que ninguna teología que trate de los atributos de Dios a la luz de los principios de la razón podría justificar, sería únicamente el acto de la creación que ha llenado al mundo de seres viciosos y perversos (imaginando que la humanidad jamás pueda mejorar). Pero este punto de vista es, para nosotros, muy elevado y sublime: no podemos explicar en sentido teórico, el recóndito poder supremo con nuestros juicios sobre qué es la sabiduría.

Somos necesariamente empujados a tales consecuencias desesperadas, si nos negamos a admitir que los principios puros del derecho poseen realidad objetiva, es decir, pueden efectuarse y, por lo tanto, el pueblo en el Estado y los Estados, en sus relaciones recíprocas, tienen que conducirse de acuerdo con esos principios, sin importar lo que diga la política empírica.

La política verdadera no puede dar un paso sin haber rendido previamente homenaje a la moral. La política en sí misma es un arte difícil; mas la unión de la política con la moral no es un arte, pues ni bien nace entre las dos un conflicto que no puede resolver la política, viene la moral y salva la cuestión, cortando el nudo.

El derecho de los hombres debe mantenerse como algo sagrado, por más sacrificios que le cueste al poder dominante. En este punto no caben enmiendas, no es posible inventar un término medio entre derecho y beneficio, un derecho condicionado en la práctica. Toda la política debe inclinarse ante el derecho, pero en cambio, puede concebir la esperanza de que poco a poco, llegará el día en que brille con esplendor inalterable.




NOTAS

[1] La razón permite mantener el derecho público, aunque esté viciado de por la injusticia, hasta que el pueblo se encuentre correctamente preparado para el cambio, o por lo menos haya sido preparado para él por medios pacíficos. Un régimen legal, aunque no sea conforme a la justicia, valen más que ningún régimen. La anarquía es el peligro a que se exponen las reformas precipitadas. La prudencia política, en el actual estado de cosas, deberá juzgar como deber moral llevar a cabo reformas que concuerden con el ideal del derecho público. Las revoluciones (sea donde fuere que la Naturaleza las cause) no tienen que servir como pretexto para endurecer la opresión. El soberano deberá comprenderlas como un grito de la Naturaleza y obedecerlas, tratando mediante mejoras profundas, de instaurar el único régimen legal fundado en los principios de la libertad.

[2] Podría ponerse en duda la existencia de una maldad radical, congénita, en la naturaleza de los seres que viven en un Estado; podría decirse con algo de veracidad que, la razón de que los hombres a veces vayan contra la ley, está en la grosería, la carestía, en la carencia de cultura suficiente. Pero en las relaciones extremas entre Estados se presenta bien clara e incontestable esa maldad fundamental. En cada uno de ellos, la encubre la coacción de las leyes civiles y políticas, porque la inclinación de los ciudadanos hacia la violencia está contrarrestada por una autoridad más fuerte; el gobierno, y así, el conjunto de la vida recibe un tono moral; la fuerza que contiene y evita el estallido de las pasiones anárquicas fomenta además el desarrollo de la disposición moral a respetar el derecho. Cada ciudadano piensa que él respetaría y aceptaría el concepto del derecho si tuviera la garantía de que también los demás obrarán del mismo modo; esta seguridad y garantía se la da, en parte, el gobierno; todo lo que representa un adelanto hacia la moral -aunque no un progreso en la moral- que consiste en adherir a ese concepto moral del derecho por él mismo, sin cuidarse de la reciprocidad. Pero cada cual, pese a la buena opinión que tiene de sí mismo, supone en los demás malas tendencias y resulta que el juicio que los hombres hacen unos de otros, es que en realidad nadie vale demasiado. No intentamos ahora investigar cuál será el fundamento de este juicio, que no puede echar la culpa de esa maldad a la naturaleza del hombre como ser libre. El hombre no puede evitar respetar la idea del derecho y este respeto sanciona la teoría que afirma que es capaz, por ello, de ajustar su conducta a la misma: de ese modo, cada cual entiende que debe obrar y vivir según el derecho, sin pensar en lo que hagan los demás.


(*) Immanuel Kant (1724-1804) nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, ciudad de la Prusia Oriental que en 1946 pasó a depender de Rusia con el nombre de Kaliningrado.
Después de estudiar durante siete años en una escuela local, Kant empezó a estudiar teología en la universidad de Königsberg, pero pronto abandonó esta disciplina en favor de la filosofía, las matemáticas y la física, atraído de forma especial por la obra de Isaac Newton.
Para ganarse la vida, trabajó durante nueve años como preceptor de hijos de
aristócratas y potentados en los alrededores de Königsberg. Al mismo iempo, profundizaba en sus estudios de filosofía, consiguiendo el doctorado el año 1755. Con este título pudo ejercer como profesor no titular en la universidad, hasta que en 1770 fue nombrado profesor titular de la cátedra de lógica y metafísica, puesto que ocuparía hasta su muerte.
Durante más de cuarenta años, Kant se dedicó por entero a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Fue un profesor querido por sus alumnos, a los que sabía estimular en sus deseos de saber y conocer más. No sólo enseñó lógica y metafísica, sino también otras materias, como matemáticas, física, geografía, teología natural, ética y derecho.
La vida de Kant, hombre sedentario y metódico, estuvo marcada por una gran regularidad; fue la suya una existencia rutinaria, libre de acontecimientos especiales, que transcurrió siempre en su ciudad natal, sin viajar nunca a otros lugares o países.
Desde muy joven, Kant se autoimpuso un programa diario de actividades que cumplía con tal precisión y método que los habitantes de Königsberg podían poner sus relojes en hora con solo fijarse en las entradas y salidas de Kant.
La publicación de sus obras principales dio a Kant una gran celebridad, no sólo en Alemania, sino también en el resto de Europa, pero rechazó todas las ofertas que le llegaron para que fuera a dar cursos fuera de Königsberg. El 12 de febrero de 1804 falleció en su casa, rodeado de amigos y discípulos. La universidad y toda la ciudad de Königsberg le enterraron con honores propios de un príncipe.
Con su teoría del conocimiento, Kant intentó superar la oposición entre el racionalismo y el empirismo. Según él, el contenido o “materia” del conocimiento nos llega desde fuera a través de los sentidos, pero el orden o “forma” de la experiencia procede de las estructuras propias de nuestra mente.
Del mismo modo, en el campo de la filosofía moral, Kant distingue entre la materialidad de los hechos morales y la forma o el porqué de nuestra actuación. Lo que cuenta moralmente no son los hechos en sí, sino el motivo que nos lleva a actuar de una determinada manera, es decir, su adecuación a los imperativos morales que nos impulsan a obrar por respeto al deber.
El primer texto que el programa propone para lectura y comentario es el prólogo a la segunda edición (publicada en 1787) de la Crítica de la razón pura. En este prólogo, Kant resume el contenido y la intención de lo que el lector va a encontrarse en el cuerpo de la obra, es decir, un análisis de la razón y de sus producciones, para determinar los límites de actuación de la propia razón.
El objetivo de la crítica es determinar los límites dentro de los cuales la razón es capaz de instaurar un orden de certezas indudables; más allá de éstos, la metafísica no puede engendrar sino conocimientos ilusorios: las ideas de Dios, de la libertad, de la inmortalidad del alma. Lo cual no significa que los contenidos de estas ideas no existan: Kant los rescatará como “postulados de la razón práctica”, que no incrementan nuestro conocimiento de la realidad, pero alimentan nuestra esperanza y fundamentan una moralidad que no esté condenada a la desesperación de la pura inmanencia.
El segundo texto para lectura y comentario pertenece al segundo capítulo de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, obra de carácter práctico moral, en la que Kant estudia los principios de la voluntad pura o libertad práctica como fundamento de la moralidad de nuestras acciones.
El fragmento elegido trata del imperativo categórico, de su posibilidad y de sus características (incondicionado, sintético-práctico y necesario), y presenta a continuación las tres formulaciones que Kant propone del mismo.
El tercer texto kantiano que propone el programa es el escrito ¿Qué es la Ilustración?, publicado el año 1784. En él Kant pretende definir lo que se entiende por “ilustración”, caracterizándola como un proceso en el que el ser humano va adquiriendo cotas cada vez más elevadas de libertad, lo que le permite salir progresivamente de su “minoría de edad” e ir avanzando en la tarea de pensar por sí mismo.

Más información sobre este libro en: www.longseller.com.ar




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