Con respecto al desacuerdo existente entre la
moral y la política acerca de la Paz Perpetua
La moral es una práctica, en sentido objetivo; es
el conjunto de leyes, obligatorias y sin condición,
de acuerdo con las cuales debemos proceder.
Pues, habiendo acordado al concepto del deber su autoridad
total, resulta manifiestamente ilógico decir luego
que no "puede" hacerse lo que él manda.
Efectivamente, el concepto del deber se derrumbaría
por sí solo, ya que ninguno está forzado a
lo imposible. Por lo tanto, no puede haber disputa entre
la política, como aplicación de la doctrina
del derecho, y la moral, que es la teoría de esa
doctrina; no puede haber disputa entre la práctica
y la teoría.
A no ser que por moral se considere una doctrina general
de la prudencia, es decir, una teoría de las máximas
convenientes para discernir los medios más adecuados
de efectuar cada cual sus fines interesados, lo cual equivaldría
a la negación de toda moralidad.
La política dice: "Sed astutos como la serpiente".
La moral agrega esta condición limitativa: "Y
cándidos como la inocente paloma".
Si ambas proposiciones no pudieren entrar en un mismo precepto,
existiría en realidad una contradicción entre
la política y la moral; mas si las dos tienen que
ir completamente unidas, será absurdo el concepto
de la oposición, y la cuestión de cómo
ha de solucionarse el conflicto, ni podrá siquiera
enunciarse como problema.
La proposición siguiente: "La mejor política
es la honradez", es una teoría mil veces desmentida
por la práctica. Mas esta otra proposición,
también teórica: "La honradez vale más
que toda política" , está infinitamente
por encima de cualquier objeción y aun es la imprescindible
condición de aquélla.
El dios-término de la moral no se inclina ante Júpiter,
que es el dios-término de la fuerza. Júpiter
se halla sometido al Destino, o sea, la razón no
tiene penetración suficiente como para conocer absolutamente
la serie de causas que son antecedentes y determinantes,
que podrían permitir una previsión segura
del éxito favorable o contrario que ha de rematar
las acciones u omisiones de los hombres, según el
mecanismo de la Naturaleza.
La razón puede esperar y desear obtener tal conocimiento
total, pero no lo logra. Por el contrario, lo que se deba
hacer para mantenerse en la línea recta del deber,
por normas de la sabiduría, la razón lo sabe
perfectamente y lo dice con claridad y hasta lo mantiene
como propósito fundamental de la vida.
El propósito práctico, para el que la moral
es una teoría simple, nos arrebata con crueldad toda
esperanza capaz de animarnos, sin perjuicio de aceptar que
se debe y se puede efectuar. Se basa para ello, en la afirmación
de que la naturaleza humana tiene características
tales, que el hombre jamás deseará poner los
medios necesarios para obtener el propósito de la
paz perpetua.
No es suficiente para ello que la voluntad de todos los
hombres esté a favor de una constitución legal,
según los principios de libertad; no es suficiente
la unidad “distributiva” de la voluntad de todos.
Se necesita también para resolver un problema tan
difícil, la unidad “colectiva” de la
voluntad general. Hace falta que todos, en conjunto, deseen
tal estado, para instituir la total unidad de la sociedad
civil. Por ello y por sobre las diferentes voluntades particulares
de todos es preciso, además, una causa que las acerque
y una que constituya la voluntad general. Esa causa unitaria
no puede ser ninguna de las voluntades particulares. De
ahí surge que, para ejecutar tal idea, el estado
legal comenzará por utilizar métodos violentos
y con esa coacción organizará luego el derecho
público.
Por otra parte, no se puede contar con la conciencia moral
del legislador y creer, como éste, luego de haber
reunido dentro de un pueblo a la horda salvaje, que va a
dejarle el cuidado de instituir una constitución
jurídica de acuerdo con la voluntad común.
Todo esto nos permite augurar con seguridad que, entre la
idea o teoría de la realidad o experiencia, habrá
marcadas diferencias.
Pero el hombre práctico sigue afirmando: quien tiene
el poder en sus manos, no permitirá que el pueblo
le imponga leyes. Un Estado que llegó a establecerse
independiente de toda ley externa no se cometerá
a un juez ajeno, cuando se trate de definir su derecho ante
los demás Estados. Y si una parte del mundo se considera
más fuerte que otra, aunque la segunda no sea su
adversaria ni interponga inconvenientes a su existencia,
la primera continuará reforzando su poder a costa
de la segunda, mediante el expolio o la dominación.
Todo plan inventado por la teoría en por de intuir
un derecho político, de gentes o de ciudadanía
mundial, se evapora en ideales huecos. En cambio la práctica,
basada en principios empíricos de la naturaleza humana,
no se siente disminuida ni humillada, si busca enseñanzas
con sus máximas en el estudio de lo que acontece
en el mundo, y sólo así puede llegar a afirmar
los cimientos sólidos de la prudencia política.
Es seguro que, si no hay libertad ni ley moral basada en
la libertad; si todo cuanto ocurre o puede ocurrir es mero
mecanismo natural, entonces la pol´ñitica (arte
de emplear ese mecanismo como instrumento para regir a los
hombres) es la única sabiduría práctica,
y el concepto del derecho es un pensamiento nulo.
Pero si se cree que es absolutamente forzoso juntar el
concepto del derecho a la política, y hasta elevarlo
a la altura de condición limitativa de la política,
entonces es necesario aceptar la existencia de una armonía
posible entre dos esferas. Pues bien; yo concibo un político
moral, es decir, uno que tenga en cuenta los principios
de la prudencia política como compatibles con la
moral; mas no puedo concebir un moralista político,
es decir, uno que se forje una moral aplicable a un fin
especial, una moral favorable a las conveniencias del hombre
de Estado.
Esta es la máxima esencial que deberá orientar
al político moral: si en la constitución del
Estado, hay vicios que no pudieron evitarse, es obligatorio,
en especial para los gobernantes, remediarlos tan pronto
como sea posible y hacerlo según el derecho natural,
tal como la idea de la razón lo presenta ante nuestros
ojos; el político deberá hacerlo, aunque para
ello tenga que vencer su egoísmo.
Cortar los vínculos políticos que consagran
la unión de un Estado o de la Humanidad antes de
tener lista una constitución mejor que reemplace
a la anterior, equivaldría a ir contra la prudencia
política, que en este caso está de acuerdo
con la moral.
Es preciso, por lo menos, que los dirigentes tengan siempre
presente la máxima que justifica y hace necesaria
la alteración referida; el Gobierno debe aproximarse,
en la medida de lo posible, a su fin último, o sea,
la mejor constitución de acuerdo con las leyes jurídicas.
Esto debe y puede exigirse a la política.
Un Estado puede gobernarse como república aunque
la constitución vigente siga siendo despótica,
hasta que gradualmente el pueblo alcance la capacidad de
sentir la acción de la simple idea de autoridad legal,
como si ella tuviera vigor físico, y fuera capaz
de darse las propias leyes, basadas en la idea del derecho.
Si un movimiento revolucionario, nacido de una constitución
mala, logra por vías ilegales instaurar otra más
acorde con el derecho, ya no se podrá permitir a
ninguno retrotraer al pueblo a la constitución anterior;
pero mientras estaba vigente la primera, era legítimo
aplicar a los que, por violencia o astucia, alteraban el
orden, las penas impuestas a los rebeldes.
En lo que atañe a la relación con otras naciones,
no puede pedirse a un Estado que abandone su constitución,
aunque ésta sea despótica (pero resulta sin
duda más vigorosa para luchar en contra de adversarios
externos), en tanto lo amenaza el peligro de ser conquistado
por otro Estados. En casos similares, se permite el aplazamiento
de las reformas hasta una ocasión más favorable.
Es factible que los moralistas, al realizar sus ideales,
se equivoquen y se hagan déspotas, que cometan múltiples
pecados contra la prudencia política, adoptando o
defendiendo precipitadas medidas de gobierno. La experiencia
rectificará esas ofensas hechas a la Naturaleza y
las enviará hacia cauces correctos. Por el contrario,
los políticos que constituyen una moral para excusar
los principios de gobierno más contrario al derecho,
los políticos que afirman que la naturaleza del hombre
es incapaz de concretar el bien indicado por la idea de
la razón, son los que verdaderamente hacen perdurable
el insulto a la equidad e imposibilitan todo adelanto y
mejora.
Esos políticos hábiles sienten orgullo de
contar con una ciencia práctica. No obstante, lo
que tienen es una técnica de negocios y, disponiendo
del poder que domina momentáneamente, están
dispuestos a recordar su propio beneficio y a sacrificar
al pueblo, a todo el mundo, de ser posible.
Se comportan como verdaderos juristas (juristas de oficio,
no legisladores) cuando se ven elevados a políticos.
Su ocupación no es la de pensar sobre legislación,
sino la de cumplir los actuales mandatos de la ley. Toda
constitución les parece perfecta; y si ésta
fuera cambiada en los círculos superiores de la corte,
el nuevo estatuto les parecerá el mejor del mundo.
Todo funciona según el orden mecánico correspondiente
al caso. Pero si esa adaptación fácil a todas
las ocasiones les inspira la vanidosa pretensión
a todas las ocasiones les inspira la vanidosa pretensión
a todas las ocasiones de poder juzgar los principios jurídicos
de una constitución política en general, según
el concepto del derecho –a priori, pues, y no por
experiencia-; si se creen lo bastante capaces de conocer
a los hombres –cosa que no es rara, ya que diariamente
tratan con muchos- mas no conociendo al hombre ni sabiendo
de lo que es capaz, pues tal conocimiento requiere de una
gran observación antropológica; si provistos
de esos pobres conceptos se acercan al derecho político
y de gente para investigar lo que prescribe la razón,
lo harán ciertamente con su disminuido espíritu
de leguleyos, continuando la rutina de su modo de obrar:
el de un mecanismo de leyes coactivas y despóticas.
Lejos de eso, los conceptos de la razón requieren
una potestad legal, fundamentada en los principios de la
libertad, únicos capaces de instituir una constitución
jurídica acorde con el derecho. El hábil político
cree poder resolver el problema de una buena constitución,
dejando de lado la idea, recurriendo a la experiencia y
viendo cómo estaban dispuestas las constituciones
que hasta hoy mejor se conservaron, a pesar de que la mayoría
era o es contraria al derecho. Los principios que practica
–si bien sin ponerlo de manifiesto- dicen poco más
o menos lo que contienen las máximas sofísticas
siguientes:
Haz y justifica
Aprovecha la ocasión favorable para apropiarte
con violencia de un derecho del Estado sobre el pueblo o
sobre otros pueblos que te rodean. Luego, será mucho
más fácil y suave la legitimación del
hecho: la fuerza se justificará sobre todo en el
primer caso, cuando la potestad interna es a la vez autoridad
legisladora a quien hay que aceptar sin disputa. Es más
conveniente hacerlo de este modo que empezar a buscar razones
convincentes y discutir las objeciones contra ellas. Esta
misma audacia parece, en cierto modo, nacida de una convicción
interna de la legitimidad del acto, y el dios del Éxito
será luego del mejor abogado.
Si lo hiciste, niégalo
Niega los vicios de tu Gobierno, que tuvieron su principio,
por ejemplo, en la desesperación y la revuelta del
pueblo. Niega tu culpabilidad, jura que se trata de una
resistencia o desobediencia de tus súbditos. Si te
apropiaste de un Estado vecino, culpa a la naturaleza humana
que, si no se adelanta a la agresión del otro, puede
estar segura de que forzosamente morirá.
Divide y reinarás
Es decir, su en tu Estado hay algunas personas privilegiadas
que te hayan elegido como jefe, trata de separarlas y enemistarlas
con la población. Luego ponte de lado del pueblo
para que crea que puede esperar mayor libertad. De este
modo, conseguirás que crean que pueden esperar mayor
libertad. De ese modo, conseguirás obediencia absoluta
a tu Voluntad. Si se trata de Estados extranjeros, existe
una manera bastante segura de reducirlos a tu dominio, y
es hacerles poner entre ellos en desacuerdo y aparentar
que defiendes al más débil.
En realidad, estas máximas tan conocidas por todo
el mundo, no convencen a nadie. Tampoco es el caso de avergonzarse
de ellas, como si su injusticia fuera evidente a los ojos
de todos. Las naciones grandes nunca se avergüenzan
por los juicios que haga la masa sino por los que hacen
unas de otras. Pero en lo atinente a estas máximas,
lo que puede avergonzar a un Estado no es la publicidad,
sino el fracaso de las estratagemas. Siempre queda intacta
la honra política del Poder por el medio que fuere.
De todas estas palabras vanas creadas por una doctrina
inmoral de la habilidad, que se propone por tales medios
sacar al hombre de la guerra implícita en el estado
de naturaleza para conducirlo al estado de paz, se deduce
al menos lo siguiente: los hombres no pueden evitar el concepto
del derecho, tanto en sus relaciones particulares como en
las públicas. No se atreven a cambiar de manera evidente
la política en simples medidas de habilidad, no osan
desobedecer el concepto de un derecho público. Esto
es evidente, en particular dentro del derecho de gentes:
otorgan a la idea del derecho todos los elogios que convienen,
sin dejar por eso de inventar mil formas para evitarlo en
la práctica y dar a la fuerza ya la astucia la autoridad
y supremacía, principio y lado común de todo
derecho.
Para terminar con tanto sofisma, aunque no con la iniquidad
que se ampara dentro del sofisma; para obligar a los seudo
representantes de los poderosos del mundo a confesar que
lo que defienden no es el derecho, sino la fuerza, cuyo
tono y forma adoptan, como si fueran ellos quienes mandan;
para concluir con todo esto, convendrá descubrir
el artificio con que engañan a los demás ya
sí mismos, y expresar claramente cuál es el
principio supremo en que se basa la idea de la paz perpetua.
Demostraremos que todos los inconvenientes contrarios a
la paz perpetua provienen de que el moralista político
comienza donde el político moral concluye; el moralista
político somete los principios al objeto que se propone
–como quien coloca los caballos detrás del
carro- y por lo tanto, hace vanos e inútiles sus
propósitos de poner de acuerdo la política
con la moral.
Para poner de acuerdo la filosofía práctica
consigo misma, es preciso resolver primero la siguiente
cuestión: en los problemas de la razón práctica,
¿se debe empezar por el principio material, es decir,
por el fin u objeto de la voluntad, o bien por el formal
principio, esto es, por el principio fundamentado en la
libertad, en relación externa, que dice así:
"Procede de manera que puedas desear que tu máxima
se deba transformar en ley universal, sea cualquiera el
fin que te propongas"?
Indudablemente, este último principio debe anteceder
al otro; es un principio de derecho y, por lo tanto, tiene
una total necesidad incondicional. En cambio, el otro no
es obligatorio sino cuando se admiten las condiciones prácticas
del objeto propuesto, es decir, de la realización.
Aunque este objeto fuese un deber, como lo es la paz perpetua,
debería ser deducido del principio del moralista
político -el problema del derecho político,
del derecho de gentes y del derecho de ciudadanía
mundial-; es simplemente un problema técnico. En
cambio, el del político moral es un problema moral,
y tan diferente en el procedimiento respecto del primero,
que la paz perpetua no es aquí tan sólo un
bien físico sino un estado imperativamente requerido
por la conciencia moral.
La solución del problema técnico o de la
habilidad política requiere mucho onocimiento de
la Naturaleza; el gobernante empleará el mecanismo
de las fuerzas, en beneficio del objeto que se propone.
No obstante, esa ciencia es incierta, insegura, en cuanto
al objeto anhelado: la paz perpetua, en las tres ramas del
derecho público. ¿Cómo se puede conservar
durante mucho tiempo la obediencia, la paz interna en un
pueblo y simultáneamente fomentar sus fuerzas creadoras?
¿Mediante la exigencia rígida o los regalos
de la vanidad? ¿Es un sistema monárquico o
aristocrático? ¿Dando el Poder a una nobleza
de empleados? ¿Gobernando según la voluntad
del pueblo?
La historia concede los más antitéticos regímenes
políticos, excluyendo, no obstante, el régimen
republicano verdadero, que no puede concebirse hoy sino
por un político moral. Si pasamos al derecho de gentes,
vemos que el que hoy lleva ese nombre, se basa en los estatutos
elaborados por los ministros y es, en realidad, una palabra
carente de contenido, se basa en tratados que, en el mismo
acto de ser firmados, han sido violados.
Por el contrario, la solución del problema moral,
que podríamos denominar problema de la sabiduría
política, por oposición a la habilidad política,
se impone manifiestamente, por así decirlo, al entero.
Frente a ella, las fantasías sofistas hacen silencio.
Va directamente a su objeto. Alcanza con mantener la prudencia
necesaria e ir acercándose lentamente al objeto deseado,
sin interrupción y aprovechando las situaciones favorables.
Dice así: "Ante todo es necesario acercarse
al ideal de la razón práctica y su justicia;
y el objeto que se proponga –la paz perpetua- llegará
a las manos". La moral tiene de característico,
sobre todo en lo concerniente a los principios del derecho
público, y por lo tanto, referente a una política
cognoscible a priori, que cuando menos somete la conducta
a los propósitos y al beneficio deseado, físico
o moral, no obstante se acomoda a ese fin y lo beneficia.
Esto ocurre porque la voluntad universal, dada a priori
en un pueblo o en las relaciones entre diversos pueblos,
es la única que determina lo que es legal entre los
hombres; esta unidad de las voluntades, si sigue una conducta
consecuente con la realización, además puede
ser la causa mecánica natural, determinante de los
efectos mejor encauzados para dar eficacia al concepto del
derecho.
Se trata entonces de un principio de política moral
que un pueblo, cuando pasa a ser un Estado, debe hacerlo
de acuerdo con los conceptos jurídicos de libertad
e igualdad. Tal principio no se funda en prudencia o habilidades,
sino en el deber moral.
Los moralistas políticos pueden decir cuanto quieran
sobre el mecanismo natural de las masas populares y sostener
que los principios naufragan y se evaporan los propósitos
en el momento de ser puestos en ejecución. Pueden
hablar sobre casos de constituciones malas, de épocas
pasadas y actuales, por ejemplo de democracias sin sistema
representativo, para dar autoridad a sus aseveraciones.
No merecen que se les preste atención. Sus teorías
causan precisamente los males que ellos indican, rebajan
a los hombres al nivel de los demás animales hasta
ponerlos en situación de ser considerados como máquinas
vivientes para las cuales la conciencia es una tortura más,
porque al saber que son esclavos se juzgan a sí mismos
como las criaturas más desgraciadas del universo.
Existe un dicho que, si bien suena fanfarrón, es
proverbialmente verdadero: Fiat justitia, pereat mundus,
que puede traducirse como: que reine la equidad aunque mueran
los bandidos existentes en el universo.
Es un valiente principio del derecho, que libera a todo
sendero tortuoso, de asechanzas y violencias. Sin embargo,
es necesario comprender su verdadero sentido: no hay que
considerarlo como un salvoconducto que se nos concede para
usar nuestro propio derecho con el mayor rigor (lo cual
sería contrario al deber moral), sino como la obligación
que tiene el que gobierna de no negar ni disminuir el derecho
de nadie, por antipatía o compasión. Es necesario
para ello la existencia de una constitución interna
del Estado, que se adecue a los principios del derecho y
también un estatuto que una a las naciones cercanas
o distantes en un vínculo similar al del Estado y
cuya misión sea resolver los problemas internacionales.
Ese dicho proverbial significa, entonces, que las máximas
políticas no deben basarse en la perspectiva de felicidad
y suerte que el Estado espera conseguir de su aplicación;
no deben basarse en el fin que el gobierno se proponga,
no deben basarse en la voluntad, juzgada como principio
supremo, si bien empírico, de la política.
Por el contrario deben partir del concepto estricto del
derecho, de la idea moral del deber, cuya base, a priori,
da la razón pura, cualesquiera que sean las consecuencias
físicas que se originen.
El mundo no morirá porque haya menos canallas. Éste
tiene como virtud natural la de autodestruirse y terminar
con sus propios fines, sobre todo en su relación
con otros canallas, y aunque vaya lentamente, abre camino
al principio moral del bien.
Objetivamente no existe, por lo tanto, y en teoría,
ninguna oposición entre la moral y la política.
Pero sí existe, subjetivamente, por la inclinación
egoísta de los hombres. Ésta no proviene de
las máximas de razón y no puede denominarse
práctica. Tal oposición puede durar siempre,
porque sirve de estímulo a la virtud cuyo valor real,
en este caso, no sólo consiste en soportar con firmeza
los perjuicios y sacrificios consiguientes, sino también
en conocer y dominar el mal principio presente en nosotros,
y que es sumamente arriesgado porque nos engaña y
traiciona, como reflejo de los sofismas que toleran la violencia
y la ilegalidad con el pretexto de la existencia de las
flaquezas humanas.
En realidad, el moralista político puede afirmar:
el gobernante y el pueblo o un pueblo y otro, no son injustos
entre sí si se hostilizan por violencia o por astucia;
la injusticia cometida se ejerce únicamente en el
sentido de que no respetan el concepto del derecho, único
principio posible de la paz perpetua.
Efectivamente, uno falta al deber con respecto al otro;
pero este otro, simultáneamente, está animado
de los mismos propósitos hacia el primero. De ahí
que, si se perjudican uno al otro, sea justo que los dos
se destruyan. No obstante, la destrucción no es tanta
que no queden siempre algunos, los suficientes como para
que el juego siga y se eternice, dejando a la posteridad
un ejemplo instructivo.
La providencia en la existencia de la tierra queda aquí
justificada; pues el principio moral es en el hombre, una
luz inextinguible y la razón aplicada en la práctica
a ejecutar la idea del derecho, de acuerdo con el principio
moral, crece incesantemente al ritmo de la cultura progresiva,
con lo cual, al mismo tiempo, crece la culpabilidad de quienes
realizan esas violaciones.
Lo que ninguna teología que trate de los atributos
de Dios a la luz de los principios de la razón podría
justificar, sería únicamente el acto de la
creación que ha llenado al mundo de seres viciosos
y perversos (imaginando que la humanidad jamás pueda
mejorar). Pero este punto de vista es, para nosotros, muy
elevado y sublime: no podemos explicar en sentido teórico,
el recóndito poder supremo con nuestros juicios sobre
qué es la sabiduría.
Somos necesariamente empujados a tales consecuencias desesperadas,
si nos negamos a admitir que los principios puros del derecho
poseen realidad objetiva, es decir, pueden efectuarse y,
por lo tanto, el pueblo en el Estado y los Estados, en sus
relaciones recíprocas, tienen que conducirse de acuerdo
con esos principios, sin importar lo que diga la política
empírica.
La política verdadera no puede dar un paso sin haber
rendido previamente homenaje a la moral. La política
en sí misma es un arte difícil; mas la unión
de la política con la moral no es un arte, pues ni
bien nace entre las dos un conflicto que no puede resolver
la política, viene la moral y salva la cuestión,
cortando el nudo.
El derecho de los hombres debe mantenerse como algo sagrado,
por más sacrificios que le cueste al poder dominante.
En este punto no caben enmiendas, no es posible inventar
un término medio entre derecho y beneficio, un derecho
condicionado en la práctica. Toda la política
debe inclinarse ante el derecho, pero en cambio, puede concebir
la esperanza de que poco a poco, llegará el día
en que brille con esplendor inalterable.
NOTAS
La razón
permite mantener el derecho público, aunque esté
viciado de por la injusticia, hasta que el pueblo se encuentre
correctamente preparado para el cambio, o por lo menos haya
sido preparado para él por medios pacíficos.
Un régimen legal, aunque no sea conforme a la justicia,
valen más que ningún régimen. La anarquía
es el peligro a que se exponen las reformas precipitadas.
La prudencia política, en el actual estado de cosas,
deberá juzgar como deber moral llevar a cabo reformas
que concuerden con el ideal del derecho público.
Las revoluciones (sea donde fuere que la Naturaleza las
cause) no tienen que servir como pretexto para endurecer
la opresión. El soberano deberá comprenderlas
como un grito de la Naturaleza y obedecerlas, tratando mediante
mejoras profundas, de instaurar el único régimen
legal fundado en los principios de la libertad.
Podría
ponerse en duda la existencia de una maldad radical, congénita,
en la naturaleza de los seres que viven en un Estado; podría
decirse con algo de veracidad que, la razón de que
los hombres a veces vayan contra la ley, está en
la grosería, la carestía, en la carencia de
cultura suficiente. Pero en las relaciones extremas entre
Estados se presenta bien clara e incontestable esa maldad
fundamental. En cada uno de ellos, la encubre la coacción
de las leyes civiles y políticas, porque la inclinación
de los ciudadanos hacia la violencia está contrarrestada
por una autoridad más fuerte; el gobierno, y así,
el conjunto de la vida recibe un tono moral; la fuerza que
contiene y evita el estallido de las pasiones anárquicas
fomenta además el desarrollo de la disposición
moral a respetar el derecho. Cada ciudadano piensa que él
respetaría y aceptaría el concepto del derecho
si tuviera la garantía de que también los
demás obrarán del mismo modo; esta seguridad
y garantía se la da, en parte, el gobierno; todo
lo que representa un adelanto hacia la moral -aunque no
un progreso en la moral- que consiste en adherir a ese concepto
moral del derecho por él mismo, sin cuidarse de la
reciprocidad. Pero cada cual, pese a la buena opinión
que tiene de sí mismo, supone en los demás
malas tendencias y resulta que el juicio que los hombres
hacen unos de otros, es que en realidad nadie vale demasiado.
No intentamos ahora investigar cuál será el
fundamento de este juicio, que no puede echar la culpa de
esa maldad a la naturaleza del hombre como ser libre. El
hombre no puede evitar respetar la idea del derecho y este
respeto sanciona la teoría que afirma que es capaz,
por ello, de ajustar su conducta a la misma: de ese modo,
cada cual entiende que debe obrar y vivir según el
derecho, sin pensar en lo que hagan los demás.
(*) Immanuel Kant (1724-1804) nació el 22 de abril
de 1724 en Königsberg, ciudad de la Prusia Oriental
que en 1946 pasó a depender de Rusia con el nombre
de Kaliningrado.
Después de estudiar durante siete años en
una escuela local, Kant empezó a estudiar teología
en la universidad de Königsberg, pero pronto abandonó
esta disciplina en favor de la filosofía, las matemáticas
y la física, atraído de forma especial por
la obra de Isaac Newton.
Para ganarse la vida, trabajó durante nueve años
como preceptor de hijos de
aristócratas y potentados en los alrededores de Königsberg.
Al mismo iempo, profundizaba en sus estudios de filosofía,
consiguiendo el doctorado el año 1755. Con este título
pudo ejercer como profesor no titular en la universidad,
hasta que en 1770 fue nombrado profesor titular de la cátedra
de lógica y metafísica, puesto que ocuparía
hasta su muerte.
Durante más de cuarenta años, Kant se dedicó
por entero a la actividad docente, a la investigación
filosófica y a la redacción de sus obras,
que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de
la historia de la filosofía. Fue un profesor querido
por sus alumnos, a los que sabía estimular en sus
deseos de saber y conocer más. No sólo enseñó
lógica y metafísica, sino también otras
materias, como matemáticas, física, geografía,
teología natural, ética y derecho.
La vida de Kant, hombre sedentario y metódico, estuvo
marcada por una gran regularidad; fue la suya una existencia
rutinaria, libre de acontecimientos especiales, que transcurrió
siempre en su ciudad natal, sin viajar nunca a otros lugares
o países.
Desde muy joven, Kant se autoimpuso un programa diario de
actividades que cumplía con tal precisión
y método que los habitantes de Königsberg podían
poner sus relojes en hora con solo fijarse en las entradas
y salidas de Kant.
La publicación de sus obras principales dio a Kant
una gran celebridad, no sólo en Alemania, sino también
en el resto de Europa, pero rechazó todas las ofertas
que le llegaron para que fuera a dar cursos fuera de Königsberg.
El 12 de febrero de 1804 falleció en su casa, rodeado
de amigos y discípulos. La universidad y toda la
ciudad de Königsberg le enterraron con honores propios
de un príncipe.
Con su teoría del conocimiento, Kant intentó
superar la oposición entre el racionalismo y el empirismo.
Según él, el contenido o “materia”
del conocimiento nos llega desde fuera a través de
los sentidos, pero el orden o “forma” de la
experiencia procede de las estructuras propias de nuestra
mente.
Del mismo modo, en el campo de la filosofía moral,
Kant distingue entre la materialidad de los hechos morales
y la forma o el porqué de nuestra actuación.
Lo que cuenta moralmente no son los hechos en sí,
sino el motivo que nos lleva a actuar de una determinada
manera, es decir, su adecuación a los imperativos
morales que nos impulsan a obrar por respeto al deber.
El primer texto que el programa propone para lectura y comentario
es el prólogo a la segunda edición (publicada
en 1787) de la Crítica de la razón pura. En
este prólogo, Kant resume el contenido y la intención
de lo que el lector va a encontrarse en el cuerpo de la
obra, es decir, un análisis de la razón y
de sus producciones, para determinar los límites
de actuación de la propia razón.
El objetivo de la crítica es determinar los límites
dentro de los cuales la razón es capaz de instaurar
un orden de certezas indudables; más allá
de éstos, la metafísica no puede engendrar
sino conocimientos ilusorios: las ideas de Dios, de la libertad,
de la inmortalidad del alma. Lo cual no significa que los
contenidos de estas ideas no existan: Kant los rescatará
como “postulados de la razón práctica”,
que no incrementan nuestro conocimiento de la realidad,
pero alimentan nuestra esperanza y fundamentan una moralidad
que no esté condenada a la desesperación de
la pura inmanencia.
El segundo texto para lectura y comentario pertenece al
segundo capítulo de la Fundamentación de la
metafísica de las costumbres, obra de carácter
práctico moral, en la que Kant estudia los principios
de la voluntad pura o libertad práctica como fundamento
de la moralidad de nuestras acciones.
El fragmento elegido trata del imperativo categórico,
de su posibilidad y de sus características (incondicionado,
sintético-práctico y necesario), y presenta
a continuación las tres formulaciones que Kant propone
del mismo.
El tercer texto kantiano que propone el programa es el escrito
¿Qué es la Ilustración?, publicado
el año 1784. En él Kant pretende definir lo
que se entiende por “ilustración”, caracterizándola
como un proceso en el que el ser humano va adquiriendo cotas
cada vez más elevadas de libertad, lo que le permite
salir progresivamente de su “minoría de edad”
e ir avanzando en la tarea de pensar por sí mismo.
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